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POR CLAUDIO CABRERA
Hacia el final y luego de tantas discusiones, el acuerdo para poner en vigencia la reforma fiscal y el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica (RD-Cafta) se volvió un amasijo de imbricada literatura reducido a varias hojas escritas en menuda letra de concilios legales entre las partes que estuvieron involucradas en un tratado comercial que, según los más fieles defensores, traerá al país el maná del crecimiento.
En este proceso están en los actuales momentos todos los sectores involucrados en las discusiones para acoger una nueva reforma fiscal que permita al país adentrarse al RD-Cafta, cuyo texto es confeccionado por una amplia comisión mixta en la que están representados el sector público y privado, incluyendo en este último contexto a todos los productores nacionales.
Por la rigurosa redacción con un estricto sentido del contenido legal, cada representante del área productiva mantiene aguzados los sentidos, debido a que según expresó la directora ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República (AIRD), doctora Cirse Almánzar, se trata de un texto legal en el que cualquier detalle tiene suma importancia al momento de la interpretación estrictamente jurídica.
La doctora Almánzar sostuvo que en el caso de la AIRD, el CONEP como cúpula empresarial y otras entidades productoras de bienes y servicios, todas se hallan presentes en la mesa de discusiones, en vista de que se trata de que el texto refleje fielmente lo acordado entre las partes.
Refiere la ejecutiva de la AIRD que el proceso de redacción de la parte final ha tomado mucho tiempo por la complejidad de compromisos y acuerdos a que fue preciso arribar, con el fin de dejar despejadas las dudas sobre los alcances de la reforma fiscal, así como del ingreso del país al RD-Cafta.
El texto habrá de reflejar igualmente las exigencias de que el sector productivo nacional del área manufacturera debe seguir siendo competitivo en aras de que no desaparezca por falta de competitividad.
En resumen, varias leyes contenidas en el texto implicarán resultados de acuerdos arribados para que sectores importantes de la economía cuenten con la suficiente competitividad, en tanto el propio gobierno disponga también de una reforma que le permita modernizarse y ponerse a tono con los cambios que está asumiendo igualmente el sector productivo.
TEXTOS Y PROPÓSITOS DE LAS LEYES
Entre las propuestas de leyes y proyectos que han sido discutidos entre los representantes del gobierno y del sector privado figuran principalmente la Ley de Reforma Tributaria o también llamada Reforma Fiscal.
Este proyecto procurará los ingresos que sustituirán los desmontes de ingresos del gobierno provenientes del actual arancel y por vía de la Comisión Cambiaria del 13%.
Se trata de una reforma que implica una serie de incentivos a los productores del campo y la ciudad, como parte de los acuerdos para favorecerles el mantenimiento de la competitividad frente a empresas del exterior.
También figuran entre las que irán al Congreso las leyes de autonomía de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Igualmente, la Ley de Eficientización Tributaria y un Proyecto de Ley de Criminalización de la Evasión.
Entre los que figuran como textos a ser adelantados mientras se conocen otros en el Congreso, están el Proyecto de Ley de Competencia, otro de Ley de Defensa al Consumidor y el nombramiento de la Comisión de Prácticas Desleales de Comercio.
Asimismo, se han comprometido las autoridades con los sectores económicos privados a crear una Oficina de Administración de Tratados de Libre Comercio.
El gobierno dominicano se había comprometido desde enero de este año, a través del acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional y con su asistencia técnica, a elaborar un plan para lograr que las reformas legales estuviesen garantizadas con una gran capacidad para su confección.
Al enfocar las principales leyes que permitirán transparentar al gobierno y facilitar la mayor competitividad al sector productivo, figuran seis puntos claves.
Estos son, en primer lugar, la reforma de la Ley Orgánica de Presupuesto, que garantizará que la responsabilidad sobre todos los aspectos de la gestión presupuestaria, incluyendo ingresos, gastos y financiamiento, esté centralizada bajo una determinada Secretaría de Estado para diciembre del 2005.
En segundo lugar, una reforma a la Ley Sobre Compras Gubernamentales que impondrá a todas las compras públicas de financiamiento, tanto interno como externo, los contratos y otras adquisiciones públicas, reglas estrictas de oferta pública, basadas en normas internacionales.
Las nuevas normas internacionales -se lee en el texto del acuerdo con el FMI-, aumentarán la trasparencia mediante, entre otras cosas, la introducción de un sistema electrónico de adquisiciones.
En el caso de la reforma a la Tesorería se destaca que consiste en mejorar, mediante el uso de una sola cuenta del Tesoro, la administración de flujos de caja y el proceso de proyección y ejecución del presupuesto.
La reforma de Ley sobre Deuda Pública (Crédito Público) procura mejorar las prácticas de manejo de la deuda del gobierno, fortaleciendo la capacidad de la Secretaría de Finanzas en las áreas de manejo y registro de la deuda pública.
Otro de los proyectos a ser asumidos por las autoridades consiste en una reforma de la Ley de Controles Internos que se propone sustituir gradualmente el mecanismo existente de controles por un sistema más actualizado de controles internos.
También figura la reforma del Sistema de Gestión Financiera, que se propone incrementar la velocidad y exactitud de las informaciones sobre ejecución presupuestaria (ingresos y gastos), a fin de mejorar el proceso de toma de decisiones del gobierno.
