Después de una semana desde la Trumpada del pasado martes, por la que el mundo se ubicó en el Mar de lo Incierto, es obligado el aterrizaje en el espacio de lo nuestro, de los debates entre sordos que caracterizan los consensos locales.
Temo que, con tardanzas no explicables, se ha dado cuenta el Superior Gobierno de la impertinencia que implicaba mantener un régimen de subsidios a quienes emplean combustibles derivados del petróleo, cuando ha pasado tiempo harto sobrante para que ello no tuviera justificación alguna, dado que los precios básicos de esos combustibles están hace rato por debajo de los que justificaron tal medida y por la distorsión escandalosa de sus fines.
Siempre movió a sospechas el silencio de los tragaldabas después de unos acuerdos ocultos, y compensatorios necesariamente, donde ellos ganaron más que lo que cedieron, pero la añagaza ya es conocida: de nuevo, un aumento de los pasajes “espontáneo” desde los choferes y las rutas.
Nada, sin embargo, comparable a los paritorios de la llamada Ley del Cine como vía de evasiones masivas, tanto que sirven de modelo a los que pretenden replicarla, corregida y aumentada, con un adefesio que denominan Ley de Mecenazgo, ya en el tránsito formal por la Cámara de Diputados y con la acogida tan jubilosa como inocente de su señora presidente, antes de estudios y debates que en la liturgia de ese órgano deben preceder a su opinión.
Nótese, sobre los efectos de la Ley del Cine en la evasión masiva de impuestos, que en el ambiente preocupante que culminó con la Trumpada de marras, la empresa que se denomina Cervecería Nacional Dominicana suscribió el compromiso de colocar 300 millones, en nuestro deleznable cine, más agrio él que el vino cubano que promovía José Martí con resignación patriótica. Esa empresa, que compró un mercado fiel hasta el fanatismo con sus productos, entre los activos no tangibles ni consignados en los contratos, recibió la vigencia de una ley de impuestos a las bebidas alcohólicas sujeto al contenido etílico de cada una de ellas, con tal existencia y éxito en el mercado local y étnico en países de gran concentración de emigrantes de una variedad denominada Ligth, que se vende a los consumidores a un precio más alto que la que no se denomina de esa manera y que, por inferencia válida, debe tener más alcohol, lo que hace inexplicable, el que no se refleje en el precio final el efecto impositivo que consigna la ley, hecha a la medida de aquella reforma impositiva en un pretérito imperfecto.
Podrían citarse otros casos, muchos casos, en los cuales las leyes de incentivo vigentes van más lejos de sus objetivos recaudadores o del estímulo al desarrollo en que se inspiraron sus proponentes, convirtiéndose en tenderetes donde escapan del sol los evasores consuetudinarios.
El otro tema de la evasión en grande es el de la caducidad del privilegio que establece el incentivo, en muchos casos consignada en el recurso legal que le dio curso; en otros, penosamente en muchos, solamente en el espíritu de la disposición tan negligentemente promulgada.
Porque, ¿de cuando a acá una disposición de tal naturaleza debe tener vigencia más allá del logro de sus objetivos, que son la promoción de empleo y la recuperación de las inversiones, que en plazos nunca mayor de 30 años deberían lograrse?
Comiencen por esas tareas, tomen el toro por los cuernos y al Congreso Nacional que se deje de nuevas aventuras, que responda a las necesidades del gobierno que complementa y no se deje deslumbrar por un “auge cinematográfico” que no es tal, sino que ha sido y seguirá siendo, porque nació para eso, el más efectivo cauce de evasiones millonarias. Aparte, de infamar la Patria con su emisión masiva de clavos a los cuales no les interesa el público, tanto que ni se ha habilitado mecanismo alguno para medir la profundidad de su fracaso en las taquillas.