El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Combustible (Anadegas), Juan Elías Pérez, consideró ayer que la reforma a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (225-20) llevaría a la quiebra a más del 70% de las estaciones de servicio en el país.

En rueda de prensa celebrada en la sede la entidad, Pérez precisó que “nosotros fuimos incluidos con esa ley para pagar RD$260,000”, pero con la reforma representaría un aumento de más 300% ( se llevaría a RD$750,000).

“Unas 1,300 estaciones de combustible tendrán que salir del mercado, ya que los márgenes brutos nos no permitirían pagar esa cantidad de dinero”, sostuvo.

Demandó una revisión urgente de la normativa para evitar el colapso del sector detallista de combustibles.

Señaló que para hacer la reforma la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, el Congreso no invitó a Anadegas.

Recordó que desde hace tres años, los miembros de Anadegas pagan religiosamente los RD$260,000 cada año, debido a que el Ministerio de Trabajo estableció que las gasolineras son grandes empresas.

“Fue una falta de responsabilidad que el Ministerio de Trabajo, de manera inconsulta, colocara a Anadegas como grandes empresas, a pesar de que nosotros no somos grandes generados de desechos sólidos”, dijo.

Criticó que el Tribunal Constitucional no ha dado respuesta a un recurso de amparo sometido hace tres años para que se pronuncie sobre la decisión del Ministerio de Trabajo de incluir a los miembros de Anadegas como grandes empresas, a pesar de ser microempresas.

Indicó que los miembros de Anadegas tendrán que acudir en masa ante el Tribunal Constitucional, a fin de que se pronuncie sobre el expediente que duerme el sueño eterno en la institución y así deje atrás su indiferencia.