En la reanudación del debate sobre los temas prioritarios de la llamada agenda nacional, luego de la interrupción provocada por el proceso electoral, ha quedado claro que existe consenso sobre la necesidad de hacer una reforma fiscal de carácter integral que modernice y haga más eficiente todo el sistema tributario dominicano.
En medio de este escenario han comenzado a aflorar inquietudes sobre eventuales impactos en los precios al consumidor, mientras el Gobierno y la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana afirman que no hay motivos para tales temores porque los cambios no entrañarían la creación de nuevos impuestos o el aumento de los existentes, a fin de evitar alzas en la canasta familiar básica.
Aunque el debate del tema no es ahora casual, sino el seguimiento a un mandato expreso de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ante algunos pronunciamientos mediáticos comienzan a surgir voces de advertencia para evitar que en la práctica la reforma fiscal pueda correr el riesgo de quedar reducida a una lucha de grupos que buscan la protección de sus intereses particulares.
Se impone, pues, que sin desestimar los planteamientos de los actores del sistema, prime en las negociaciones un objetivo medular enfocado al interés general y esta responsabilidad corresponde principalmente al sector oficial, aunque éste tiene también sus prioridades y objetivos, entre los que figuran la estabilidad financiera y macro-económica.
Desde el Gobierno y como ha sido su actuación característica cada vez que se debaten asuntos públicos controvertidos, el funcionario que más se ha empeñado en llevar tranquilidad y disipar preocupaciones en materia fiscal ha sido el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, mientras lo propio ha hecho desde el Congreso el senador Reinaldo Pared Pérez.
Desde el sector privado, siempre con visión trascendente, proactiva y en la búsqueda de soluciones por las mejores vías posibles, el empresario José Luis Corripio favorece que mediante el Pacto Fiscal se eliminen ciertas exenciones tributarias para que el Estado obtenga más recursos para hacer frente a cualquier déficit presupuestario y no tenga que establecer más cargas impositivas a la población de menores ingresos.
Descartó además, que mediante ese Pacto fiscal se contemple crear más impuestos y aumentar los gravámenes directos, entre ellos el Itebis, en vista de que sería perjudicial para los consumidores y principalmente en la población de menores ingresos.
Como han advertido con mucha precisión algunos analistas económicos, la situación es compleja y amerita avanzar en análisis y negociaciones y definir objetivos comunes de forma consensuada, porque todavía nadie sabe a ciencia cierta la situación en que podrían quedar, en cuanto a composición y monto más de RD$200,000 millones en exenciones fiscales que dejan de nutrir al fisco.
Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda ha estimado para este año una proporción de ingresos por RD$4,034.8 millones que no percibirá por exenciones administrativas que no pueden ser consideradas gasto tributario y que constituyen de hecho menores recaudaciones de impuestos.
Diferentes dirigentes comerciales, tanto del sector detallista como mayorista de provisiones, han calificado de alentadoras las seguridades de que no habrá más carga impositiva, pero el proceso de contactos y negociaciones tendrá que ser seguido muy de cerca por los medios y la opinión pública para ver el alcance que tendrá cuando se concrete, entre otras cosas para establecer cómo quedará la clase media a la luz de los acuerdos que sean concertados.