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Pese al alto grado de analfabetismo entre personas adultas y a las condiciones de pobreza en la que vivía la mayoría de los dominicanos en tiempos de Trujillo, la economía del país experimentó un significativo avance debido a que las técnicas que en esa época se empleaban en la producción de bienes y servicios eran relativamente sencillas y se asentaban en relaciones muy simples. Hoy, vivimos en un mundo muy distinto al de ayer, en un mundo donde el avance del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico, y sus implicaciones cada vez mayores sobre los procesos productivos, obligan a una formación del individuo prolongada y consistente, susceptible de adaptarse a las necesarias y frecuentes innovaciones. Digamos que la verificación de las interrelaciones entre las variables economía y educación conduce a la idea de que, en ciertas circunstancias, esta última puede figurar entre las que impulsan el desarrollo social.

De la instrucción y formación que seamos capaces de proporcionarles a nuestros conciudadanos depende en buena medida el futuro del país. Esperamos que la educación contribuya a adoptar los valores tradicionales a las realidades emergentes y que asegure la transmisión de conocimientos, la formación de aptitudes y la cualificación de recursos humanos que nos permitan responder a los retos y a las circunstancias cambiantes.

Las mayores posibilidades de acceso a la enseñanza, la aspiración de un mayor número de dominicanos (plural genérico) a obtener una mejor formación, hoy coinciden con las exigencias de requerimientos educativos por parte del entorno social y productivo, lo que bastaría para demandar una reforma a profundidad de nuestro sistema de instrucción pública como al efecto pretendemos. La conjunción de razones de carácter general con las propiamente educativas condujo al gobierno del presidente Danilo Medina a considerar, no sólo necesaria y oportuna, sino también inaplazable la reforma de nuestro sistema de instrucción pública y la decisión de no abordarla de manera precipitada, fiel a su estilo de tratar asuntos de Estado. Esa iniciativa del mandatario peledeísta tenía que desembocar en un aumento considerable de las partidas presupuestarias destinadas a financiar la instrucción pública.

Hubimos de partir de una realidad muy alejada de los objetivos que pretendemos alcanzar, por lo que no será tarea fácil lograr lo que nos proponemos. Son muchos los retos que tenemos pendientes, entre los que cabe citarse la universalización de la educación inicial, básica y media; la mejora sustancial de las competencia de los alumnos en consonancia con las exigencias del momento; el desarrollo de un subsistema integrado de educación técnico profesional; la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje; el diseño de nuevos currículos acorde con las competencias que los alumnos va a necesitar para integrarse en el mundo laboral; el incorporar en los liceos, politécnicos y universidades públicas el progreso científico, las innovaciones educativas y los nuevos significados culturales, y, lo más importante, el impulsar decididamente la formación inicial y permanente del profesorado. Pero, ¿Es posible que enfrentemos con éxito problemas de esa magnitud con los enfoques, estrategias y recursos económicos utilizados hasta el momento? La aprobación del Senado de la República de un Proyecto de Presupuesto General del Estado de 2015 que no contempla el aumento progresivo de las partidas presupuestarias destinadas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo no nos envía una señal positiva de que será así.