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Una conjunción de razones de carácter político con otras propiamente académicas instó al gobierno del presidente Danilo Medina a considerar no sólo necesaria y oportuna sino también inaplazable la reforma de nuestro sistema de instrucción pública. Dos argumentos pesaron en la decisión del mandatario peledeísta: el prever la incidencia de los cambios que parecía necesario introducir; y el tener muy en cuenta que la no precipitación conectaba con el carácter estratégico de la reforma que pretendía llevar a cabo, la que correlativamente exigía que fuera discutida y aceptada por sectores importantes e influyentes de la sociedad dominicana. Durante todo ese proceso, las autoridades del gobierno del presidente Danilo Medina no tuvieron inconveniente alguno en revisar sus propios planteamientos cuando la abundancia de juicios discrepantes evidenciaba la racionalidad y oportunidad de soluciones alternativas. En principio, se pensó en un tipo de reforma que había de implantarse progresivamente a lo largo de un calendario sostenido. Se esperaba que sus efectos hubieran de madurar en un amplio horizonte y que no fuera apropiado ponerla en marcha sin contar con los apoyos que habrían de asegurar su pervivencia prolongada. Una reforma del sistema de instrucción pública de ese alcance no tendría posibilidades de afianzarse sin recursos económicos suficientes y sin la participación activa, motivada y reflexiva de todos nosotros, los que participamos en el proceso de consulta, discusión, concreción y firma del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030. Se partió del supuesto de que “la sociedad dominicana había alcanzado un amplio y sólido consenso sobre la necesidad de mejorar la calidad de nuestra enseñanza y que el Gobierno había respondido con eficacia y prontitud a ese llamado, haciendo de la educación su prioridad”.

Las posiciones del Gobierno, y las de otras voces contrapuestas a las mismas, fueron escrupulosamente recogidas en el documento “Pacto Nacional por la Reforma Educativa en la República Dominicana” que el Consejo Económico y Social que preside monseñor Agripino Núñez Collado editó, y que todos nosotros suscribimos. Por lo que no debemos ni siquiera pensar en la posibilidad de que dicho Pacto no se cumpla en todas sus partes.

La Constitución del 2010 trajo efectos profundos para la educación dominicana al consagrar sus principios básicos y al reconocer como fundamental el derecho a la misma, encomendando a los poderes públicos la garantía de que todos los dominicanos (plural genérico) la disfrutarán por igual. En nuestra Carta Magna se concibe el presupuesto de educación como un gasto a emplearse en garantizar un derecho, en tanto que en la Ley 01-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo la misma se conceptúa como una inversión de carácter económico.

Hasta ahora todo marcha como Dios manda. Este año, se construyeron y equiparon cientos de aulas; la campaña de alfabetización de adultos marchó como suele decirse “viento en popa”; se inició un abarcador proceso de revisión curricular al unísono con un elaborado programa de capacitación y formación de maestros. Entonces, ¿qué nos preocupa? El que el Presupuesto del 2015 no contemple un aumento de las partidas presupuestarias para la UASD, ni para las demás instituciones públicas de educación superior, tal y como está consignado en el Pacto Nacional para la Reforma de la Educación. También nos preocupan los paros y huelgas que interrumpen el normal desarrollo de las actividades docentes en las escuelas públicas, De no enfrentarse a tiempo esas acciones, las mismas podrían dar lugar a la ocurrencia de serios desequilibrios, y a pérdidas considerables de tiempo y de recursos.