El presidente Hipólito Mejía ha dicho que no promulgará la ley que reforma la Policía Nacional y nos alegramos mucho de que esa haya sido su decisión.

Aparte de que el mandatario tiene facultades constitucionales para observar cualquier ley, también tiene argumentos valederos, de mucho peso, para justificar su decisión.

En realidad, lo que aprobó el Congreso se diferencia mucho de lo que ingresó a las cámaras legislativas como proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Policía y que fuere el resultado de un estudio bastante minucioso de los problemas de la instución y de abundantes consultas hechas a especialistas en la materia.

Lo que ha salido es un traje a la medida de numerosos intereses que se han propuesto repartirse las cuotas de poder de este país para beneficio particular, sin reparar en el daño institucional que pueden causar.

Este país necesita que la Policía sea reformada en base a criterios científicos, modernos, que la conviertan en un instrumento eficiente para garantía de la seguridad ciudadana y el orden público, para la prerservación de la propiedad y auxilio de la justicia. Así las cosas, la reforma no puede hacerse a modo y manera de algunos que, habiendo pasado por sus filas, no hicieron más que apuntalar sus deficiencias y sacarles provecho.

Al margen de las razones que haya tenido el Presidente de la República, no tendría sentido práctico que la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), que ha demostrado eficiencia en las tareas que le competen, sea puesta bajo el mando de la Policía Nacional, cuyo Departamento de Tránsito dejó siempre mucho que desear.

Tampoco tiene sentido que se insista en mantener los tribunales de justicia policial con facultades para juzgar asuntos que competen a la justicia ordinaria. A lo sumo, su vigencia debería limitarse a los asuntos meramente disciplinarios internos.

Creemos que ha hecho bien el Presidente al decidir no avalar con su firma la desnaturalización que se ha hecho del proyecto de reforma policial original.

[b]Referendum[/b]

Los promotores del malhadado proyecto de Ley de Lemas pudieron percibir ayer la magnitud del rechazo de esta iniciativa, un rechazo que, por cierto, no sólo se manifestó en las afueras del Congreso, sino dentro de la propia Cámara de Diputados.

De una membresía de 150 diputados, 91 se retiraron para frustrar el conocimiento del proyecto de Ley sde Lemas. Naturalmente, los 59 que quedaron en el hemiciclo no hacían quorum y fracasó la intención.

Afuera, una muestra bastante representativa de nuestra sociedad se manifestó contra esa infeliz iniciativa. Si los promotores del proyecto en cuestión necesitaban calibrar la popularidad o impopularidad de la Ley de Lemas, no tuvieron que ir muy lejos, y es bueno que sumen a ello posiciones como la expuesta por la Comisión del Diálogo Nacional, de censura a los propósitos que comentamos.

En esa virtud, lo saludable sería sepultar para siempre este desaguisado producto de las pasiones políticas y las ambiciones desmedidas. Trastornar la marcha del proceso electoral con semejante aberración no rentará beneficios ni siquiera para los promotores del proyecto, pero sí graves perjuicios para todos.

Una buena representación de la sociedad, cuantitativa y cualitativa, ha dicho claramente que no quiere Ley de Lemas. Desafiar esta voluntad sería una temeridad.