Desde hace un tiempo más que prudente, insistente, la sociedad dominicana exige una reforma policial completa, empezando por los sueldos de los policías que no alcanzan a RD$7 mil, reformar la obsoleta ley 36 del 18-10-1965, ampliar el patrullaje motorizado y a pie, y comenzar a organizar los Centros de Asistencia Social Barrial.

Es imposible que la sociedad dominicana, los que aspiramos a convivir pacífica y civilizadamente, alcance esos parámetros suspirados, sin que se concreticen las sugerencias expresadas en el párrafo inicial de esta reflexión pública, que además, resulta como llover sobre mojado por haberlas reiterado hasta la saciedad.

La delincuencia desborda todos las cotas previas, asaltos por doquier, conforme denuncian a diario los medios de comunicación, pero las recomendaciones y terapias para acorralar a la canalla no se concretizan, y no una campaña para desacreditar al cuerpo del orden, conforme se quejó el jefe policial, mayor general Manuel Castro Castillo, el 21 y 22 de este mes.

Cierto que las patrullas motorizadas en sobre todo camionetas y saltamontes es notoria, no así las patrullas a pie, más económicas y efectivas que las motorizadas, para lograr una mayor protección a la ciudadanía y monitorear a los antisociales.

Más del 70% de los crímenes son generados por armas de fuego, y ningún gobierno decide el desarme nacional mediante la modificación de la ley 36 para que sólo de permita poseer un arma de fuego, nunca portarla, pero los primeros que rechazan desarmarse son los legisladores, y en el ínterin que se modifique un decreto provisorio que prohíba el porte, reduciría el crimen en un apreciable porciento.

Para que la seguridad, conforme expresó el jefe policial, “Sea una responsabilidad de todos”, no solo de la Policía.