La noticia tan esperada salió en la prensa el pasado sábado y se regó como reguero de pólvora. Como era de esperarse. Diario Libre lo destaca con grandes titulares en su primera página, a cuatro columnas: “Poder Ejecutivo promulga Ley Orgánica de la Policía Nacional”. Y al pie, como subtítulo, “Establece nuevo marco jurídico, y el “Jefe” ahora solo será “Director.” Algo para llamar la atención, que al parecer tiene, o parece tener, singular importancia para la aplicación de la Ley 590/16, como si la fiebre estuviera en la sabana. Esa connotación parece sugerir que la cacareada Reforma huele a chamusquina.
Como si el recordado y añorado “Jefe” que implantó la más dura y criminal dictadura dejó de serlo al ser aclamado “Benefactor de la Patria”. O si bastara modificar la Constitución y sustituir la bendita palabra que tanto gusta, para que el Presidente de la República, dejara de ser Jefe de Estado, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y del gobierno. En fin, como si el cambalache, un malabarismo idiomático o una innovación burocrática fueran lo suficiente para llevar a cabo una verdadera Reforma de la Policía Nacional y colmar la aspiración de amplios sectores de la sociedad que han insistido y clamado por la aprobación de una legislación más audaz y moderna que efectivamente haga viable un cambio sustancial en el rol de la Policía Nacional, más cercano a la protección de la dignidad y respeto de los derechos humanos.
Está claro que para sostener un debate partiendo de un juicio crítico e imparcial es preciso profundizar en el estudio de la ley y las diversas causas de violencia y criminalidad crecientes que hacen del órgano policial solo un reflejo de la descomposición social que padecemos.
La ley nunca será suficiente y siempre será polémica. Salvo sectores ultra reaccionarios, complacidos con el papel altamente represivo y discriminatorio de la PN, objetarían un cambio sustancial, imperativo y obligatorio, para trasformar radicalmente el adefesio que tenemos, tal hizo Don Pepe Figueres y su Revolución: Más aulas (Educación), menos cuarteles. (Represión y abusos). Solo velando porque la Policía Nacional sea un verdadero organismo de servicio público, civilista, deseado y confiable, cumplidor de su elevada misión, de sus atribuciones y su ordenamiento institucional, siendo real y efectivamente eficiente como está previsto en la Constitución de la República.
Pero no, lo que se trasluce por lo conocido y publicado, deja mucho que desear. Se juega a la engañifa.
A calmar la exigencia popular con paños tibios, darle tiempo al tiempo como lo evidencia la acomodaticia reducción de 51 a 20 generales (¡en dos años!) que gozan de irritantes privilegios por ostentar tan alto rango, algunos merecidos, otros muy cuestionables y en todo caso demasiados generalotes para un país territorialmente pequeño, demasiado fragmentado y maltratado.
Al Presidente Guzmán Fernández, aun con el poder escamoteado, le tomó poco tiempo para poner cierto orden en la casa y reconciliar a la policía nacional con la población civil. Tiempo para hacerlo ha sobrado. Lo que falta es coraje, voluntad política y determinación.