No hay posibilidad de éxito en construir una sociedad segura porque uno de los pilares para ese objetivo es la Policía Nacional y nuestra policía es parte del problema. Se trata de un cuerpo concebido bajo la dictadura de Trujillo como instrumento de represión, ha conservado parte de esas características y nuestra democracia corrompida ha permitido que en ella haga metástasis ese cáncer desde la cabeza a los pies.

El presidente Abinador está consciente de las grandes dificultades que implica una transformación de la Policía Nacional y en vez de proponer soluciones desde el Gobierno, ha optado por delegar en una amplia y heterogénea comisión la responsabilidad de “hacer un análisis, producir cambios de rigor y proponer todas las soluciones que estimen más convenientes para la transformación inmediata de la Policía”.

Por supuesto que será necesario enfrentar intereses, comenzando con que todos los que han estado al frente de la jefatura han salido millonarios, con lujosas mansiones, palacetes en resorts, fincas e inversiones en diferentes áreas; en fin, riquezas que no se pueden justificar con el salario de un jefe o director policial.

Parte del secreto de esas riquezas se origina en las comisiones por compras, así todo oficial designado en estas áreas se enriquece y por eso ciertas posiciones y ciertos ascensos se compran y se venden en la Policía Nacional.

La base de la Policía se nutre de la extorsión a los jóvenes de los barrios, del peaje a delincuentes, el crimen organizado, los puestos de drogas y una parte de los recursos captados por subalternos ascienden a niveles superiores.

Si hay microtráfico, crimen organizado, sicariato, compras sobrevaluadas se debe a una estructura mafiosa que opera desde la cúspide a la base de la Policía Nacional y con esa estructura es imposible enfrentar eficientemente el delito y proteger a los ciudadanos: al contrario asesinan a inocentes como Joel Díaz y Elizabeth Muñoz, que no es cierto fue fruto de un retén para interceptar los supuestos ladrones de una pasola. No insulten la inteligencia del país, ese retén a esa hora de la noche era con otros fines que probablemente nunca se sabrá por las complicidades y la impunidad.

Esta corruptela no se limita a la Policía Nacional, también en las Fuerzas Armadas, los ministros de Defensa, los jefes de Estado Mayor y la alta oficialidad se convierten en millonarios y empresarios lo cual es incompatible con sus exiguos salarios.

Las compras en la Policía Nacional y las FFAA deben caer bajo la tutela de la Dirección de Compras y Contrataciones Gubernamentales, aunque sea necesario modificar la Ley de Compras No 340-06, para que se hagan por licitaciones, cumpliendo los requisitos y evitando que un número reducido de poderosos proveedores se traguen el pastel de las adquisiciones.

Ese deberá ser uno de los controles, otros erradicar el peaje a los puntos de venta de drogas, la extorsión a los jóvenes de los barrios, reducir el generalato y el coronelato y crear un cuerpo con profesionales especialistas en prevención, investigadores y que nunca más ser director de la Policía Nacional u alto oficial sea el pasaporte al enriquecimiento ilícito.

Deseo el éxito a la comisión presidida por el distinguido jurista y vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños, y que el Presidente haga la reforma “cueste lo que cueste, y me cueste lo que me cueste”.