WASHINGTON. AP.  La exhaustiva legislación migratoria que aprobó el Senado de Estados Unidos reduciría la inmigración sin autorización legal en un tercio a la mitad más de lo que pasaría bajo la legislación vigente, anunció  ayer una oficina del Congreso.   

Esa reducción es notablemente mayor que la que el mismo organismo —la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés)— dijo que habría resultado de una versión anterior del proyecto de ley aprobado por la Comisión Judicial del Senado, que habría reducido la cifra de inmigrantes sin residencia legal en apenas un 25%.

   En respuesta parcial a las conclusiones previas, los senadores acordaron aumentar de forma notable la seguridad fronteriza en el nuevo proyecto de ley y adoptar medidas contra los inmigrantes que permanezcan en territorio estadounidense más tiempo del permitido por sus visas.    Esos cambios ayudaron a que el Senado, controlado por los demócratas, aprobara el proyecto la semana pasada con una mayoría bipartidista de 68-32.

El proyecto pasó ahora a la Cámara de Representantes, donde encara un futuro incierto.    La CBO agregó que pese a gastar 36,000 millones de dólares más en seguridad fronteriza —como habría ocurrido con las versiones anteriores del proyecto de ley—, la legislación reducirá el déficit presupuestario en 158,000 millones de dólares en 10 años y en 685.000 millones en la década siguiente.

   Los impuestos pagados por los nuevos residentes con situación legal superarán los nuevos gastos en prestaciones gubernamentales y otros gastos conforme al proyecto de ley. La medida, de ser promulgada, le costaría al gobierno aproximadamente 23,000 millones de dólares implementarla durante los primeros 10 años. La legislación busca duplicar el número de agentes fronterizos que trabajan en la zona fronteriza con México. También pide construir centenares de kilómetros (millas) más de vallado fronterizo y obligar a las empresas que comprueben la situación legal de sus empleados. 

  Unos 11 millones de inmigrantes viven ya sin residencia legal en Estados Unidos y podrían obtener la ciudadanía en 13 años, si pagan multas, impuestos y cumplen ciertos requisitos.