MEXICO. AP. En lo que se avizora como la primera gran batalla política del presidente electo Enrique Peña Nieto, los partidos políticos en México se mostraron el martes divididos sobre una propuesta que reformaría las disfuncionales leyes laborales que datan de la década de 1970, relajaría las reglas de contratación y fomentaría la democracia sindical.   

Los defensores dicen que la reforma —que permitiría trabajar a tiempo parcial, la paga por hora y la subcontratación— ayudará a México a crear el millón de puestos de trabajo nuevos que necesita cada año para los jóvenes y los migrantes que regresan de Estados Unidos. La propuesta reduciría los beneficios por antigüedad en un empleo y dejaría intacta la semana laboral de cinco días y medio en el país.   

Pero los oponentes a la propuesta dicen que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece Peña Nieto, ha quitado de la iniciativa los requisitos específicos de que los sindicatos sometan sus finanzas a auditorías externas y realicen elecciones internas con voto secreto. Esos puntos estaban incluidos en la propuesta original, presentada a comienzos de este mes por el presidente Felipe Calderón.   

Peña Nieto, que asume el cargo el 1 de diciembre, apoya la reforma laboral, pero el PRI, que tiene el mayor número de escaños en el Congreso, tiene el apoyo de algunos de los sindicatos más anticuados y autocráticos del país, lo que lleva a especulaciones de que la vieja guardia ha presionado al partido para retirar de la iniciativa lo que, a juicio de los críticos, constituye su única parte progresista.   

Ello podría debilitar las afirmaciones de Peña Nieto de que el PRI ha dejado atrás la reputación de organización corrupta y represora que adquirió durante 71 años ininterrumpidos en el poder, de 1929 a 2000.   

“Están dejando fuera los puntos que decían que eran los más benéficos en términos de democracia y transparencia, porque es claro que habrá un acuerdo PRI-PAN para darle adelante a los temas que les interesan en materia de flexibilización laboral”, dijo Manuel Oropeza, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México.   

Los dirigentes del PRD, de izquierda, han prometido oponerse a la propuesta de ley, en las calles si es necesario. Incluso el Partido Acción Nacional (PAN), de derecha y pro empresarial al que pertenece Calderón, estaba descontento por la relajación de las medidas sobre democracia sindical en la iniciativa.   

Los sindicatos en México son tan antidemocráticos que cuando una empresa abre una nueva planta suele elegir a una organización gremial dócil para la nueva instalación. Los primeros trabajadores entrarán con un contrato ya firmado a sus espaldas. Muchos trabajadores desconocen siquiera el nombre del sindicato que supuestamente los representa, pero deben pagarle cuotas.   

Un diputado del PRI, Héctor Gutiérrez, dijo que los apartados sobre democracia debieron modificarse porque las provisiones en la propuesta original de Calderón violaban artículos constitucionales que protegen a los sindicatos contra las interferencias externas.   

“No (fue) por cuestión de capricho”, dijo Gutiérrez.   

Los opositores a la reforma destacan que los bajos salarios que paga México en varias ramas ya hacen su fuerza de trabajo más atractiva que la de países con ingresos cada vez mayores, como China, y que lo último que necesitan los trabajadores mexicanos es una reforma que recorte los magros beneficios y seguridad laboral que tienen ahora.   

“Para nosotros es necesaria una reforma que permita incrementar la productividad en el trabajo, sí, pero no a costa de los derechos de los trabajadores, ni presentes ni futuros”, afirmó Jesús Zambrano, líder nacional del PRD.   

La diputada Luisa María Alcalde Luján, del pequeño partido de izquierda Movimiento Ciudadano , advirtió que las nuevas reglas no generarán empleos nuevos ni estables, sino más bien “chambitas de pocos meses con cero prestaciones y poco salario”.   

El problema requiere atención urgente: es probable que la tasa de desempleo del país, de 5,4%, sea una subestimación enorme, dada la ausencia de un seguro de desempleo y el hecho de que los trabajadores desocupados rápidamente buscan ingresos en el vasto ejército no registrado de vendedores ambulantes y jornaleros. Las autoridades han admitido además que el desempleo es una de las razones por las que tantos jóvenes se sienten atraídos a los violentos cárteles de la droga.   

Bajo las leyes laborales de México, vigentes desde la década de 1970, los trabajadores ganan muy poco —hasta 60 pesos (5 dólares) por día—, pero aun así deben pagarle cuotas a sindicatos pro empresariales “de papel” que nunca ven. Alrededor de una quinta parte de los trabajadores asalariados en México están sindicalizados.   

Los jefes, mientras tanto, se quejan de que están obligados a otorgar paquetes costosos de despido y prestaciones, y someterse a reglas estrictas de trabajo y antigüedad, lo que les dificulta crear nuevos puestos.   

A ello se suma un largo y arcano proceso de resolución de disputas que puede almacenar casos de pagos atrasados o por despido hasta por una década.   

Algunos expertos dicen que relajar las reglas de trabajo y antigüedad para que los empleados puedan realizar tareas diferentes y ser ascendidos con base en su capacidad redundaría en más productividad.   

En agosto, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Angel Gurría, dijo que la reforma laboral, así como la reforma fiscal y otros cambios, podrían impulsar el crecimiento del PIB de México en 1 punto porcentual por año.   

Jaime Moreno, de 42 años, realiza labores secretariales en una escuela de bachillerato en la capital, y es integrante del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. La semana pasada, participó en una protesta contra la reforma, al considerar que ésta representa “una transformación de la relación laboral, patrón-trabajador”, en que las agencias de colocaciones contratarían empleados por unos meses, sin las prestaciones de salud, pensiones y vivienda que la mayoría recibe actualmente.   

Pero los grupos empresariales señalan que la reforma es necesaria.   

“Un mercado laboral flexible, que dé certidumbre jurídica a empleados y empleadores, es indispensable si queremos que nuestra economía crezca”, dijo Alberto Espinosa, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).   

Calderón consideró que la nueva ley, al contemplar el trabajo a prueba y a medio tiempo, así como la capacitación, generaría empleos particularmente para quienes tienen actualmente los mayores problemas para ingresar al mercado laboral: las mujeres y los jóvenes.   

Pero los críticos señalan que la ola actual de violencia del narcotráfico, extorsiones y robos de camiones de carga inciden más que las reglas laborales para limitar las inversiones en el país.   

Los empresarios no dejan de contratar gente en México porque les sea costoso, después de todo, los trabajadores en el país “cobran mucho menos” que en otros, dijo Arturo Alcalde, abogado en materia laboral.