Según la Constitución y las leyes vigentes, cualquier persona académicamente cualificada tiene derecho a tener acceso a la educación superior y a hacerlo en la institución y área del saber que elija. El reconocimiento de esos derechos ha sido uno de los factores que más han contribuido al espectacular crecimiento del número de estudiantes matriculados en instituciones dominicanas de educación superior de los últimos 50 años.

Ello ha beneficiado a miles de jóvenes que en tiempos pasados no habrían tenido oportunidades similares a éstas. Pero, el modelo de demanda estudiantil que hemos contribuido a implantar ha dado lugar a molestos desequilibrios que requieren de una pronta solución.

Esas inestabilidades, además de empañar la calidad de la educación superior, entorpecen nuestras aspiraciones de que al inicio de la tercera década del siglo 21 la República Dominicana se vea convertida en un país próspero, integrado competitivamente en la economía global, en donde las personas vivan dignamente apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantice y promueva la equidad, la igualdad de oportunidades, y la justicia social, tal y como lo señala la Ley 1-12 de Estrategia Nacional para el Desarrollo promulgada por el presidente Danilo Medina en el mes de enero del 2012 con el objetivo de “responder a la necesidad de un proyecto concertado de nación que oriente en el mediano y largo plazo el accionar de políticas públicas”

Los desequilibrios a los cuales nos estamos refiriendo se reflejan también en nuestras universidades y demás instituciones de educación superior que ofertan la carrera de educación en sus diferentes modalidades.

En el primer semestre del año 2011, los estudiantes de la ya sobredimensionada carera de magisterio ocupaban el cuarto lugar en cuanto al número de cursantes matriculados se refiere con un 10.7% del total, antecedida por el de Ciencias Económicas y Sociales (29.8% del total), Ciencias de la Salud (13,4% del total) e Ingeniería 12.9% del total.

Tenemos a bien sugerirles a los Ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y a los rectores de universidades que le concedan al tema de los desequilibrios una atención inmediata y prioritaria con el objetivo de evitar que el proceso de admisión en instituciones de educación superior se torne caótico.

Lo anteriormente expuesto hace que meditemos profundamente sobre el verdadero contenido, alcance y posterior repercusión y beneficio que puede obtenerse del fiel cumplimiento del Pacto Nacional para la Reforma Educativa suscrito por el gobierno del presidente Medina junto a todos nosotros y el liderazgo político nacional en un claro concepto innovador y actualizado en materia de reforma de la instrucción pública. Nos atrevemos a sostener ante nuestros amables lectores que es desde la educación superior pública donde efectivamente comienza a construirse la pirámide del desarrollo social, soportado por la formación de recurso humano provisto de conocimientos técnicos, científicos y humanísticos. Y que es a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en particular la que más le corresponde ser el núcleo matriz donde se forjan y producen los líderes y dirigentes del mañana. La UASD está en el deber de liderar la orientación de la conciencia ciudadana, de ser interactiva, visionaria y, sobretodo, actora de primera fila del devenir histórico de nuestra nación.

En otro orden de ideas. Tenemos bien pedirles a nuestros amables comunicadores que cuando se refieran al Instituto Sismológico de la Universidad estatal empleen el nombre que le corresponde: Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.