AMPARO CHANTADA
Las ciudades de República Dominicana son espacios de segregación y marginalización de los pobres, a quienes no se les reconoce su papel como constructores sociales del hábitat. La planificación urbana está postergada en la agenda pública, es tecnocrática en algunos casos, se reduce a la recaudación y a las componendas entre los miembros de las salas capitulares y los inversionistas urbanos que juntos han sustituido los organismos técnicos de la planificación territorial y urbana. (caso de Bella Vista). La reforma de la ley municipal debe reducir las prerrogativas de la Sala Capitular, hacer honoríficos esos cargos, como en otros países y tecnificar las decisiones. En cuanto a la sociedad civil, con sus organizaciones, tiene escasos espacios para decidir cómo se construyen las ciudades porque ni se consultan ni se les informan.

En el 2006, se registró un aumento creciente de los desalojos, que ponen en evidencia la falta de adecuación de nuestros códigos de procedimientos a los estándares internacionales en materia de desalojos forzosos, y la utilización del poder judicial y las fuerzas de seguridad para realizar actos que vulneran la dignidad humana (casos del Evaristo Morales, Brisas del Este y los buhoneros del Malecón).

Por otra parte, continúan realizándose los desembolsos para la construcción del Metro que fagocitan el presupuesto de la Nación, la endeuda y a largo plazo, ni resolverán los problemas por los cuales se justifican tantos recursos y crearán tres tipos de situaciones: 1.-crearán plus valía urbanas para los propietarios de la tierra, 2.- desvalorizarán algunos espacios urbanos creando situaciones de empobrecimiento y quiebras, 3.- terminarán expulsando a los más vulnerables de ese entorno, segregándolos en barrios cada vez más lejanos. Las inversiones en nuestras ciudades se han convertido en “fábricas de problemas urbanos y de fomento de la pobreza para algunos mientras constituyen fuentes inagotables de acumulación de riqueza para otros”. Por ello, proponemos que las fuerzas sociales progresistas de la Nación incorporen a sus programas de Gobierno una reforma urbana que tenga como propósitos: la solidaridad y la convivencia para hacer de nuestras ciudades espacios de ejercicio permanente de una creciente ciudadanización para la conquista de más derechos civiles como son:

1- Protección legal del derecho a la vivienda y a la ciudad. Es necesario que se provean instrumentos y herramientas jurídicos que faciliten la regularización de los barrios informales y de conjuntos habitacionales construidos por el Estado.

2- Democratización del acceso a la tierra e inmuebles urbanos. Implementación de políticas de recuperación de los inmuebles urbanos (tierra y edificios) ociosos para la conformación de bancos de inmuebles, gestionados con control social.

3- El derecho a la regularización. Establecer un procedimiento de regularización de la propiedad de la tierra que contemple la integralidad de los procesos. Deben impulsarse políticas de relocalización a tierras aptas, urbanizadas y cercanas al lugar de origen cuando sean necesarias por seguridad física de las personas. Debe incluirse en los presupuestos recursos para la compra de tierras ocupadas o no.

4- El respeto a los derechos humanos en caso de desalojo. Derogación del delito de usurpación. Incorporar estándares de Naciones Unidas en materia de desalojos forzosos a los Códigos de Procedimientos Civil, Comercial y Penal.

5- La democratización del acceso a los servicios públicos. El Gobierno debe promover un marco regulatorio de los servicios públicos que garantice tarifas diferenciadas adecuadas al ingreso de los sectores de menores recursos.

6- La participación de las personas u organizaciones implicadas en las políticas urbanas y de vivienda.

7- El fortalecimiento de los procesos de autogestión del hábitat. Se debe promover una implicación efectiva de los pobladores en la configuración de su hábitat, con políticas que apoyen el desarrollo de sus organizaciones.

8- Desarrollo urbano sin discriminación. Las políticas de regularización deben abarcar tanto los asentamientos sobre tierras públicas como privadas y deben encararse de forma integral considerando la inclusión de los asentamientos informales de bajos ingresos al proceso de desarrollo urbano.

9- Acceso a las áreas centrales urbanas. En el marco de la concepción de construcción de una ciudad democrática deben definirse instrumentos, recursos y normativas que garanticen la permanencia de los sectores populares en las áreas centrales urbanas (la Zona Colonial).

10- La promoción de políticas urbanas y de vivienda con sentido redistributivo. Se deben superar las acciones públicas generadas por los programas focalizados, promover la desmercantilización de los bienes y servicios del hábitat y la recuperación de las plusvalías generadas por las acciones del Estado y de los propios pobladores, para distribuir socialmente los beneficios de la urbanización.

11- Reforma tributaria. Se deben desarrollar procesos de transformación de las estructuras tributarias vigentes a escala nacional, de carácter profundamente regresivas, formulando instrumentos tributarios de carácter claramente progresivos en los cuales “los que tienen más, paguen más; los que tienen menos, paguen menos y los que no tienen nada, no paguen nada”.  Todo lo que arriba esta consignado no es exclusivo de nuestro país. Es una lucha continental para que nuestras ciudades sean realmente inclusivas, y en el 2007 muy seguramente se convertirán en uno de los espacios de las luchas populares de América Latina.