Un clamor hacia el Estado por un ejercicio moralizado y moralizante proveniente de las entrañas dominicanistas bien intencionadas y responsables de nuestra suerte para que su accionar esté inspirado, regido y revestido de apego a normas y principios éticos predomina en el ámbito nacional. Las críticas y protestas escenificadas alrededor de últimas sentencias judiciales, en nombre de lo justo por encima de lo estrictamente legal, avala esta afirmación. Ese clamor es, además, precondición indispensable para emprender idóneamente reformas requeridas.

Como el presente gobierno no ha podido satisfacer este clamor y la atención nacional ya apunta hacia las próximas elecciones; estas deberían observar cuidadosamente la acreditación de la ética como anclaje del próximo accionar gubernamental.

Sin embargo preocupan algunas señales dentro de la virtual campaña que vivimos no augurantes de garantías éticas que preludien el emprendimiento idóneo y exitoso de reformas necesarias. Ej: candidatos se promueven teniendo asuntos pendientes con la justicia ante la pasividad de autoridades y excesivos gastos de campaña; no obstante existir disposiciones constitucionales y legales que permiten la actuación de poderes públicos.

Partiendo de disposiciones constitucionales que establecen reiteradamente, como disposición de Perogrullo, la condición, para ser representante en organismos del Estado, del pleno goce de derechos civiles; y concluyendo con la obligación constitucional (art. 212.IV) de velar “porque los procesos electorales se realicen con sujeción a…equidad…en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento” así como su “facultad de reglamentar los tiempos y límites en los gastos…”

El art. 6.b de la Ley Electoral (275-97) consigna la facultad de la JCE de reglamentar e instruir “para asegurar la recta aplicación de la Constitución”. El art. 171.b.6 establece sanciones de reclusión y multa por los crímenes y delitos incurridos dentro del ámbito electoral.

El próximo periodo electoral brindará al estamento político nacional una nueva oportunidad para emprender reformas impostergables para mejorar la distribución de nuestro crecimiento y hacer sostenible nuestro desarrollo. Partiendo de lo fiscal, superando indisciplina deficitaria que generan políticas financieras encarecedoras del costo del dinero sustentantes de economía especulativa que a su vez provoca déficits productivos de bienes – y servicios como salud y educación – desempleo y sobreprecios en renglones claves como energía, combustible y transporte en perjuicio de consumidores y competitividad nacional.

Para no caer en lo que Erick Fromm critica en su libro “Ética y Política” sobre fallos del activismo sin proponer alternativas; reformar esto requiere apego a principios y normas éticas garantizables en la medida que se observen apropiados comportamientos precursores durante el proceso electoral.

Asi se podrá responder adecuadamente a ese clamor ciudadano al Estado: ¡REFORMAD!