Reiterados anuncios de reformas sin definir contenidos someten a la ciudadanía a un suspenso exacerbador de resistencias que dificultan sus pertinencias, vialidad e implementación.

Seguimos con señales de humo, especialmente sobre las reformas constitucional y legal.

Algunos funcionarios anticipan que están elaboradas, otros que casi listas o que no hay nada concreto. Supeditan una a otra.

Aumentan así incertidumbres, nerviosismos, intranquilidades.

Especulación y agiotismo de precios. Frenan iniciativas económicas.

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Estimulan lluvias de propuestas, resistencias y reclamos, que complejizan el horizonte para considerarlas.

Abonan nebuloso climapolítico-social no disipado a pesar de las elecciones.

Pareciera que nada pasó el 19M.

Al contrario, acentúanse crispaciones. Sectores llegan a hacer pronósticos agoreros, anunciando “salir a las calles”.

Macron en Francia, ante revés sufrido en elecciones europeas, disolvió Congreso argumentando que “no podía actuar como si nada hubiera pasado”.

Después del 19M observamos actuaciones como si nada hubiera pasado. Como si esas elecciones con esos resultados no se hubieran celebrado y obtenido.

Es momento que autoridades ponga fin al suspenso. De ir mas allá de las señales de humo. Dejar de amenazar sin proceder, de anunciar que viene lobo de Caperucita sin nunca llegar.

Debe precisar reformas para que debates y consultas que se conciten sean dirigidos, girando alrededor de propuestas específicas.

Sin importar cuáles sean, hacerlo con firmeza, sin vacilaciones ni temores.

Aunque sea, planteo, restableciendo reelección indefinida o ampliando periodo constitucional; eliminar 50%+1 que ha generado multiplicación de franquicias partidarias para negociar, confundir electores, prostituyendo democracia; unificar congresionales y municipales separadas de presidenciales a celebrarse en medio término.

Esto, reconociendo que las reformas políticas impuestas en 1994 han sido manipuladas y estropeadas a conveniencia.

En lo fiscal: ampliar base reduciendo tasas, eliminar exenciones; mejorar calidad del gasto reduciendo burocracia, vinculando subsidios sociales a producción, cediendo administración de empresas eléctricas a quienes puedan operarlas autofinanciablemente y procurar alternativas no fiscales para financiar déficit cuasi fiscal. Para ello existen mandatos constitucionales, legales y electorales vigentes; que, además, contienen previsiones para evitar y sancionar irregularidades al aplicarlas.