JOSÉ MANUEL GUZMÁN IBARRA
Mientras la reforma constitucional era una propuesta, algunos sectores centraron su opinión en la forma y no en el fondo; constituyente o muerte parece que decían. En realidad, la esperanza estaba centrada en que ellos mismos serían constituyentes, sin que quedara muy claro cuál sería la forma de elegirlos. Se albergaba además la esperanza liberal (o socialista, según el caso) de que una constituyente borraría todo vestigio conservador, sin que nos hayamos dispuesto a precisar qué significado concreto toman, en su forma criolla, los conceptos “conservador” y “liberal”. 

Siendo la idea de reforma constitucional ya una realidad concreta (o una amenaza creíble, según se vea), por el mecanismo de mayoría legislativa del partido que la propone, el argumento de algunos sectores empieza a moverse hacía lo inoportuno de realizarla ahora (véase declaraciones de Finjus el 27 del pasado mes). Esta nueva posición hay que verla como respuesta a que el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, declaró (HOY del 21 de septiembre) que el plan del presidente Leonel Fernández “es presentar su proyecto de reforma constitucional en la primera legislatura del año próximo”, estableciendo así fecha cierta.

Los sectores que quieren mantener inalterado el status quo, ya no les basta presuponer que el argumento de la constituyente funcione como un disuasivo por las dificultades que encierra, pues al tomar cuerpo algunas de las reformas propuestas desde el Ejecutivo, y establecerse fecha cierta, piensan que lo mejor sería no arriesgarse.

Estos sectores pasan del apoyo (véase declaraciones de Finjus en Diario Libre en junio del presente año) a una franca oposición, bajo el ligero argumento de que la reforma resulta intempestiva. No queda clara la razón.

Sospecho que se busca mantener el status quo del sistema judicial.

En cuanto a los que todavía sostienen sinceramente la reforma por constituyente, es decir que sí están de acuerdo con la reforma constitucional, y quieren llevarla a cabo, se enfrentan al argumento de lo traumático que sería para el país una nueva elección. Además, la reforma constituyente, resultaría en un proceso de representación cuya composición, si se respeta un mecanismo democrático y no de cuotas, tendría un alto componente partidista, probablemente similar al que hoy tiene la actual legislatura, para no mencionar que en el caso de cuotas (que ya implicaría un proceso de legitimidad cuestionable) el resultado puede estar muy alejado de la reforma liberal (o socialista, según el caso) anhelada. Es decir, la reforma por la vía de constituyente, aunque más compleja, no garantiza el objetivo que los grupos que la sustentan quieren; pero si la reforma no se hace ¿Estarían conformes con el triunfo de los intereses que ellos señalan como conservadores?

Además, para hacer una constituyente, habría que hacer una primera modificación para cambiar el sistema de reformar la Constitución, y posteriormente, vendría la discusión para escoger a los miembros de esa asamblea constituyente, lo cuál alargaría innecesariamente el proceso. Algo que aquellos que piensan que la reforma es una especie de estrategia para desviar la atención de los grandes e impostergables problemas nacionales seguro que lo señalarán como inapropiado, coincidiendo en esto con el Gobierno.

Mientras más tiempo dure el proceso de reformar, mayor será el riesgo de que la reforma no tenga lugar.

En la actualidad, en el derecho moderno, un poder constituyente reside en la nación misma que expresa su voluntad por medio de un Congreso organizado que discute y expide las leyes constitucionales y también en la actualidad se toma a la Soberanía como “la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad. Y nadie parece cuestionar esto. A lo más se exige participación, lo que está garantizado con la consulta popular.

El concepto de consulta popular, es el que deberían los sectores más progresistas propugnar, defender, empujar y exigir. El mecanismo no sólo resulta más democrático que la constituyente sino que además asegura, contrario a lo pretenden algunos sectores, que las lagunas existentes en la Carta Magna, favorables a lo peor del estatus quo, incluso jurídico, se mantengan.

Para Ferdinand Lassalle si la Constitución no refleja la realidad política de un Estado no se puede considerar como Constitución. Una Constitución escrita es una relación de fuerzas reales, que se inscriben en una hoja de papel, se les da una expresión escrita, y cuando son escritas ya no son los factores reales de poder que en el proceso se han convertido en derecho; en disposiciones legales, en instituciones jurídicas, un Estado de Derecho y quien las enfrente sufre las consecuencias.

Este autor hace dos clasificaciones de constituciones: una que es la real, que son los factores reales que existen en un país, y la otra es la llamada Constitución escrita o la llamada hoja de papel. Y eso, una Constitución de papel o una que perpetúe un Estado ineficiente de cosas es precisamente lo que debemos todos los ciudadanos de tratar de evitar. Si además necesitamos voluntad política para aplicar las leyes, en realidad no contradice la necesidad de reformar. ¿Por qué posponerla entonces?