La República Dominicana ha avanzado mucho en los últimos años. Y ha sido gracias a sucesivos gobiernos responsables, liderados por Leonel Fernández y Danilo Medina. Mejoras continuas en los derechos, la organización de los poderes y las políticas públicas lo demuestran.

Una excelente Constitución de 2010 ha sido la palanca de muchas reformas. El poder judicial se ha fortalecido, con magistrados de extraordinaria capacidad y nuevas generaciones de jueces. La Administración ha progresado gracias a la Ley 107 de derechos de las personas.

El desempeño económico del país es satisfactorio en un contexto de recesión internacional. Todavía hay mucho trabajo por delante, pero Quisqueya está librando los huracanes financieros con mayor éxito que el mostrado por algunos países europeos.

En el futuro próximo, Cuba se presenta como una potencial amenaza, desafío que los líderes dominicanos debieran convertir en una oportunidad para poner a punto la institucionalidad, impulsar la producción agrícola y darle valor añadido a la oferta turística.

Hay un debate abierto en el país sobre la reforma constitucional, polémica cuya resolución debería tener en cuenta la experiencia comparada y los riesgos de un afán poco democrático. Esto ha de tramitarse con legitimidad, a mi juicio, para no dañar la imagen.

Pero si finalmente todo sale bien, y el acuerdo sella un nuevo pacto fundamental, sería preciso mirar a las auténticas necesidades nacionales de cambio legal, que pasan en mi opinión por una urgente reforma del régimen de la ciudadanía dominicana.

No se trata de limitar el acceso a la nacionalidad sólo a los hijos de dominicanos, en la simple propuesta de algunos. Se trata de solucionar un problema puntual derivado de la realidad insular y binacional de este territorio antes conocido como La Española.

Una Constitución sin menciones expresas a la situación de los haitianos ilegales o irregulares en el país es una norma incompleta. Requiere un precepto específico sobre la situación particular de estas personas, cuyos derechos deben ser respetados.

Esto último no significa convertirlos en dominicanos, pues no lo son. La reforma constitucional habría a mi juicio de negar la nacionalidad a quienes no cumplieran las condiciones de la Ley, que son la mayoría.

Y establecer medios para controlarlo.
Si no lo hacen políticos conscientes, otros se les adelantarán para paliar los gravísimos problemas de Haití a costa de los dominicanos. Demasiado tiempo se ha consumido en cuestiones secundarias. Reformen ustedes su Constitución y aprueben una Ley de inmigración a la altura de las circunstancias.