POR CLAUDIO CABRERA
Al sonar las campanas de las reformas en todos los sectores que tienen en sus manos el desarrollo económico-social de la República Dominicana, quienes más deben esforzarse porque estos cambios lleguen hasta las instituciones vinculadas a la producción en el campo es el sector productivo.

De aquí que la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) haya venido abogando desde hace tiempo, porque en esta área vital para el presente y futuro del país se introduzcan los cambios necesarios que conduzcan a una redefinición del sector agropecuario.

Al filo del criterio externado por el vicepresidente ejecutivo de la JAD, ingeniero Osmar Benítez, en el sentido de expresar la necesidad de emprender nuevas reformas para el agro dominicano, muchos consideran que el momento de dar un vuelco en todos los órdenes al sector productivo rural ha llegado y que es ineludible su transformación.

“El dilema, tal como lo hemos analizado en la JAD y lo sostienen nuestros integrantes y el presidente de nuestra entidad, el doctor Rafael Martínez Rojas, a través de todos los foros y encuentros nacionales e internacionales, es de que debemos echar hacia adelante el paquete de reformas que conciernen a nuestra área”.

De acuerdo con Osmar Benítez, se trata de una disyuntiva que resulta ineludible en las actuales circunstancias de apertura y globalización para todos los países, basada “en mercados abiertos o muerte”.

La JAD, afirma Benítez, como entidad cúpula del sector privado productivo en materia agropecuaria, ha situado como principal objetivo el mantenimiento en el incremento de la competitividad de la producción en el campo, tanto agropecuaria como agroindustrial y forestal, como meta de largo plazo dentro del contexto del esquema de libre comercio que implica la puesta en marcha del acuerdo RD-Cafta.

Resalta que en este y otros aspectos el gobierno ha mostrado bastante sensibilidad y deseo de transformaciones en el campo, de tal manera que se ha propuesto conducir a una reforma institucional de las entidades vinculadas al quehacer sectorial, el cual cuenta con el respaldo de todos los productores.

“Ya era necesario que esto ocurriera -explica el director ejecutivo de la JAD-, lo cual ha sido precipitado por la avalancha de cuestiones nuevas e incluso de incertidumbres que ha conllevado la firma del acuerdo comercial con Centroamérica y los Estados Unidos, en momentos en que estamos conscientes de la necesidad de proteger debidamente nuestra producción agrícola ante el shock que para la producción local podría significar dicho programa”.

Fundación SEMPER y JAD: Aportes sector

La Fundación SEMPER, en otro documento en que trata el nuevo perfil de las reformas del sector agropecuario, así como el impacto que sobre el campo tendrá el acuerdo de libre comercio RD-Cafta, sostiene que los gestores de las nuevas políticas en este sentido deben sentirse comprometidos en una política de apuntalamiento del sector agropecuario. Para esos fines SEMPER concuerda con la JAD y otras organizaciones en el sentido de que debe establecerse un “arancel de cero tasa”  para los insumos agrícolas y pecuarios, en vista de que bajo el actual esquema la competitividad del agro declinaría, dejando huérfanos de apoyo a varios rubros productivos en los que el país ya tiene ganado un gran terreno.

En tal sentido, la JAD y Fundación SEMPER resaltan que el sector agropecuario debe ser promovido y proyectado en forma positiva, resaltando sus aportes a la economía, a la convivencia democrática, al equilibrio y a la paz social del país.

Advierte SEMPER que el productor agropecuario dominicano constituye históricamente y en la actualidad “un excelente generador de empleos, de divisas y un protector adaptado y natural de los recursos naturales y del medio ambiente”.

De aquí que se estime que los beneficios y el sostén a los productores rurales deben ser promovidos y proyectados en forma positiva y diáfana a través de un programa especializado, al destacar sus aportes continuos a la economía.

Por eso debe considerarse al hombre del campo mucho más que un ente dinámico de la producción de alimentos, simple elaborador de las materias primas para la agroindustria local y extranjera.

SEMPER plantea la necesidad de que aprovechando las acciones que ha empezado a facilitar el gobierno central mediante la creación de entidades con fuerza transitoria para adelantar las reformas, es preciso que se puedan establecer y mantener un sistema e información y de estudios de impactos relacionados con las negociaciones comerciales agrícolas.

Refiere que en ese sentido es de esperarse que la creación reciente del Area de Negociaciones de Acuerdos Comerciales que se propone establecer el gobierno bajo la dirección de la Secretaría de Agricultura, desempeñe el papel de facilitar de este cometido, ya que es preciso dar seguimiento a las negociaciones comerciales bilaterales, multilaterales, así como a los acuerdos de libre comercio concertados y por establecer en el futuro.

Sobre todo, destaca la necesidad de dar el adecuado seguimiento, una vez entre en vigor el RD-Cafta, a todos los problemas y obstáculos y medidas que puedan confrontar los productores locales en el interés de adentrar los productos agrícolas dominicanos a los mercados de los socios comerciales más próximos.

Tanto la JAD como SEMPER estiman necesario que mediante resoluciones apropiadas de la Secretaría de Agricultura, discutidas con los productores comprometidos en los programas de facilitación a las exportaciones de diferentes rubros, debe darse el seguimiento necesario para evitar que las medidas de salvaguardias negociadas dentro del marco del RD-Cafta afecten a productores locales, sin que medie una entidad claramente especializada para lidiar con estos problemas que puedan eventualmente presentarse.

Objetivo: Atraer la inversión rural

Pero el doble propósito de las reformas en las instituciones estatales y en las que operan directamente con los agentes productivos del campo, así como en las organizaciones vinculadas a la producción, debe tener varias vertientes.

Según recoge un documento elaborado por la JAD respecto a la competitividad de la agropecuaria dominicana, plantea que el Estado dominicano representado por el gobierno, sus instituciones, sus organizaciones públicas y entidades privadas, así como los propios productores, tienen la responsabilidad compartida en este proceso de reformas.

Significó que “se debe consensuar para establecer políticas y medidas de apoyo, las cuales faciliten y contribuyan a aumentar y hacer sostenible la competitividad de la actividad agrícola y pecuaria aún en momentos de transición hacia un acuerdo de libre comercio”.   

Por eso, adicionalmente, estas reformas deben comprometerse a crear el ambiente y las condiciones favorables para estimular la inversión en el agro.

También deben evitar la penalización del aparato productivo agropecuario con medidas impositivas que afecten la competitividad y la inversión en el sector.

El documento de la JAD sostiene que con el nuevo instrumento, que arrastra una reforma fiscal para readecuar el escenario general facilitador de los acuerdos de libre comercio, debe evitarse un aumento en los costos de producción y en consecuencia, en los precios de los rubros de la canasta familiar de alimentos básicos.

A la vez, debe impactar socialmente en forma favorable de tal manera que pueda reducirse el desequilibrio económico y social entre el campo y la ciudad, para evitar el deterioro de las condiciones de vida de la población rural.

“Reducir la brecha entre los salarios de los trabajadores de las actividades agropecuarias y de los trabajadores de las actividades de la zona rural”, afirma al documento citado.

Per eso considera que la reforma debe, al mismo tiempo “restablecer el espíritu de la ley 150-97 sobre Tasa Cero de Arancel para los insumos, equipos y maquinarias de uso en la producción agropecuaria y forestal”.