Ahora que se están planteando reformas institucionales de los más diversos tipos, afloran las iniciativas de cambio en nuestro sistema electoral que a veces no toman en cuenta todos los factores que es necesario ponderar. A ese respecto el ilustre maestro y padre del constitucionalismo dominicano Eugenio María de Hostos calificó al Electoral como el primer poder del Estado, ya que de éste se derivan las demás instancias del Poder Público.

De ahí que resulta crucial para el futuro político del país determinar las funciones, composición y características de las elecciones dominicanas, y su relación con la integración de las demás instancias del Poder Público, los elementos más importantes son los siguientes:

1. Casi todos los que comentan el tema están de acuerdo en que la actual Junta Central Electoral (JCE) sea convertida en una instancia meramente administrativa de los comicios, separada de un Tribunal Superior Electoral, que trate todo lo contencioso, con un fiscal o procurador especializado independiente.

2. Vista así, la JCE debe incluir otro tipo de profesionales que los abogados, tales como administradores, sociólogos, psicólogos sociales, ingenieros de sistemas, etc. Capaces de realizar eficientemente esa tarea; y el Tribunal Superior Electoral compuesto por abogados vinculados al Poder Judicial y designados por dos tercios de un Consejo Nacional de la Magistratura cuya mayoría sea de funcionarios elegidos por el pueblo, no como se propone, con tres jueces de apelación que son dependientes jerárquicos de la Suprema Corte.

3. La elección de esa Nueva JCE debe ser propuesta en ternas por la Cámara de Diputados, que es la más representativa de las dos; y aprobada por dos tercios del Senado de la República, para asegurar su independencia y mayor idoneidad.

4. Deben instituirse las elecciones primarias en los partidos políticos, de manera que se garantice que la voluntad política de la ciudadanía sea respetada en las postulaciones a través del voto general, aunque reservando algunas candidaturas a ser elegidas por la alta dirigencia nacional de esas entidades.

5. Si hay elecciones primarias bien reglamentadas no es necesario el voto preferencial, porque el orden en que aparecerán los candidatos vendría dado por esos resultados y no hay que balotearlos nuevamente, produciendo enfrentamientos dentro de los partidos.

6. Como la ley ya norma una participación mínima de candidaturas femeninas y su alternancia con las masculinas, se puede volver a elegir diputados (y regidores) por listas cerradas, sin que ello represente un retroceso en el orden democrático.

7. Aunque existen razones que obran tanto a favor como en contra de unir las elecciones presidenciales como las congresionales, bajo ningún concepto pueden unirse las primeras con las municipales.

8. Gracias a la separación que ha existido desde 1998 en elecciones nacionales y locales, hemos asistido a un fortalecimiento de los municipios, a tal punto que en el año 2002 los mayores municipios del país: el Distrito Nacional y Santiago fueron ganados por la oposición y en el 2006 también ganó en Santiago y en cinco de los ocho municipios del Gran Santo Domingo (Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand, Boca Chica y Guerra), además de otros grandes municipios.

9. La enfermedad no está en la sábana, lo que hay que hacer para limitar las largas y costosas campañas es regulándolas más efectivamente, reduciendo a tres meses los períodos electorales y no reducir el libre ejercicio de la democracia sobre todo que ahora también habrá dos boletas para el nivel municipal (para autoridades municipales y de los distritos electorales).