ROSARIO ESPINAL
La incapacidad de los sistemas socioeconómicos en muchas democracias contemporáneas de satisfacer las necesidades de la ciudadanía, y la desconfianza que generan en el electorado los partidos y gobiernos ineficaces, ha motivado en las últimas décadas un movimiento de reforma electoral en nombre del fortalecimiento de la democracia. Han creído los reformadores que cambiando el sistema electoral se fomentará la participación política, se elegirán mejores candidatos y aumentará la credibilidad en los partidos políticos e instituciones públicas.

Pero esta suposición es de validez relativa porque la fiebre no está en la sábana y la cura no está en cambiarla.

Es cierto que los sistemas electorales crean marcos legales que pueden contribuir al fortalecimiento de la democracia. Pero la legislación electoral por sí misma no corrige los problemas de un sistema político sellado por corrupción e ineficiencia que generan insatisfacción ciudadana.

Es más, las modificaciones inadecuadas al sistema electoral pueden agravar los problemas de gobernabilidad en democracias deficitarias como la dominicana.

Por ejemplo, mientras más se dimensiona el liderazgo personal en el sistema de votación, más tienden a corromperse los procesos electorales y los funcionarios electos, retardándose la institucionalización política.

Hace varios días, el movimiento cívico Participación Ciudadana, organización de gran trayectoria en el campo electoral, presentó una propuesta de reformas a la Junta Central Electoral con el objetivo de mejorar la democracia dominicana.

Difiero en dos puntos claves de esa propuesta. Considero inadecuado que se extienda el voto preferencial a los regidores y que se separe el voto para elegir senadores y diputados, síndicos y regidores.

Aquí las razones:

El voto preferencial se ha promocionado en el país bajo el argumento de que acerca los candidatos y funcionarios electos a sus comunidades, porque la elección depende no sólo de los votos alcanzados por el partido, sino también de que los electores voten por candidatos específicos.

En este sentido, es cierto que el voto preferencial da mayor discrecionalidad al elector para escoger diputados y regidores, que se eligen ambos por un sistema de representación proporcional en función del total de votos que recibe cada partido.

Pero los problemas asociados con el voto preferencial son significativos y no deben ignorarse: 1) aumenta el costo de las campañas porque cada candidato tiene que hacer su propia propaganda; 2) aumenta la conflictividad electoral intra-partidaria porque los candidatos del mismo partido se enfrentan entre sí ante el electorado, 3) fomenta el liderazgo individual versus el partidario, lo que tiende a debilitar la disciplina en los partidos; 4) en vez de reducirlo, amplía el clientelismo y la corrupción porque más candidatos buscarán apoyo político a cambio de favores; y 5) no asegura la representación por cuota de mujeres que establece la Ley Electoral Dominicana.

Extender el voto preferencial a cientos de regidores significaría promover más corrupción, clientelismo, conflictividad y desigualdad en las oportunidades de elección, porque quién más reparta o más prometa, ganará casi seguro la elección.

Incluso el argumento de que el voto preferencial facilita el triunfo de mejores candidatos, comprometidos con los electores, es más ilusión que realidad. Muestra de la debilidad de ese argumento es que la actual Cámara de Diputados, electa en el 2002 por primera vez con la opción del voto preferencial, no cuenta necesariamente con mejores legisladores que los anteriores.

La otra propuesta de separar la elección de senadores y diputados, síndicos y regidores, de manera que los electores puedan votar, si así lo desean, por el senador de un partido y los diputados de otro, el síndico de un partido y los regidores de otro, se fundamenta en una concepción inadecuada del funcionamiento del sistema democrático.

Un objetivo central de la democracia, sea presidencial o parlamentaria, es forjar instituciones, no liderazgos personalizados, y formar gobiernos de mayoría con capacidad de gestión que protejan los derechos de las minorías.

De aprobarse una mayor fragmentación del voto, se contribuiría a sobre-dimensionar el personalismo en la política dominicana. Los candidatos a senadores y diputados, síndicos y regidores, lucharían por ser electos en función de lo que ofrecen como individuos, no como colectividad partidaria. Además, en un sistema multipartidista, donde los diputados y regidores se eligen por proporcionalidad, fragmentar las opciones de votación haría más difícil formar gobierno de mayoría

En vez de promover la fragmentación del voto para senadores y diputados, sería mejor proponer un sistema unicameral que se discuta cuando el país se aboque en el futuro a una reforma constitucional coherente. La República Dominicana es un país pequeño y no una república federal; por lo tanto, el bicameralismo no tiene sentido más allá de ser una copia de otros países y de generar más puestos públicos. En lo municipal, lo urgente es detener la creación de nuevos micro-municipios, que no sirven para fomentar la democracia, sino para crear más empleos para los políticos.