MEXICO (AFP).- México debe emprender una profunda reforma legislativa, penal y política para enfrentarse a las violaciones de los derechos básicos, según un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que será presentado este lunes, con 32 propuestas concretas.

El Alto Comisionado, al que el gobierno mexicano le pidió en 2001 que elaborara este «Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México», lo presentará este lunes al presidente Vicente Fox, tras un año de trabajos no exentos de polémicas.

Incorporar a la Constitución mexicana el concepto de derechos humanos, desmilitarizar la Procuraduría federal, respetar los Acuerdos de San Andrés que se firmaron con la guerrilla zapatista, conceder el derecho a voto a los millones de mexicanos que viven en el exterior, son algunas de esas recomendaciones del texto, elaborado por cuatro expertos.

«Se puede decir que sí, que estamos satisfechos, es la síntesis de un arduo trabajo colectivo, una demanda histórica del movimiento de defensa de los derechos humanos en México, de por lo menos 15 años», explicó a la AFP uno de los redactores del informe, Isidro Cisneros.

Cisneros y otras fuentes allegadas al informe resaltaron que se trata de un texto especial, a petición del gobierno, y el primero que el ACNUDH elabora con una amplia participación de organismos no gubernamentales.

Ese amplio debate desde que se iniciaron los trabajos en febrero de este año, se plasmó en un primer borrador en setiembre que generó tensiones con diversos organismos gubernamentales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mexicana, que se consideró marginada, según fuentes coincidentes.

«Hubo algún intento por limitar, por acotar el alcance de la reflexión, pero afortunadamente todo eso se pudo superar», aseguró Cisneros.

El informe resalta precisamente la deficiente operatividad de las 32 comisiones estatales de derechos humanos (para cada entidad federativa), donde sus titulares a menudo son nombrados por los propios gobernadores, o sus fondos suministrados por las autoridades locales.

«En general, en las entidades las defensorías (creadas tras una reforma constitucional de 1992) funcionan de manera muy deficiente. Cuentan con muy poco personal, extraordinariamente mal pagado y con excesivas cargas de trabajo», señala el texto.

En México, el respeto a los límites legales para que un acusado permanezca en la cárcel antes de ser juzgado no se respetan en la inmensa mayoría de los casos, además de que aún falta un largo trecho por recorrer antes de erradicar la tortura, resaltan los expertos.

En términos políticos, tras el «parteaguas» que supuso las elecciones democráticas de 2000, «hay que pasar ahora a una democracia de mayor calidad, en la que el ciudadano debe jugar el papel que le debe tocar», opinó Cisneros.

Todo ello implica una refundación del Estado, una de las reformas estructurales que el gobierno y el Congreso (en manos de la oposición) no consiguen concretar desde hace tres años.

«Creo que lo importante ahora es ver como se recibe este Diagnóstico, y cómo se instrumenta un Programa gubernamental a partir de sus recomendaciones», declaró por su parte Miguel Sarre, otro de los consultores.