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RAMÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
La mayor crisis económica del país fue un resultado de políticas fiscales expansivas, incremento irresponsable del endeudamiento externo, la quiebra fraudulenta de tres bancos más el torpe e ilegal salvataje de todos los ahorristas; por consiguiente, todo proceso de estabilización debía contemplar reformas estructurales al aparato fiscal y al sector financiero, y justamente uno de los principales legados de esta gestión, además de la recuperación económica, son las reformas estructurales, algunas de las cuales su plena implementación representa una tarea pendiente para el próximo período.
En materia fiscal el objetivo de la reforma era fortalecer el marco institucional de la gestión financiera fiscal y si bien, desde la Carta de Intención al FMI en enero del 2005, se contemplaban una serie de proyectos de leyes o modificaciones, así como una reforma impositiva, sin embargo un Congreso dominado por la oposición recortó dos reformas tributarias y fue necesario esperar hasta las elecciones del 2006 para que un triunfo del partido de gobierno permitiera la mayoría legislativa para aprobar las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo.
Elementos claves en la reforma institucional de la gestión fiscal fueron la creación de las Secretarias de Hacienda y la de Economía, planificación y Desarrollo, así como sus respectivos reglamentos. Cabe destacarse la ley que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFE), la Ley Orgánica de Presupuesto, Ley de Crédito Publico, Ley de la Tesorería Nacional y la Ley de Contraloría, las cuales vienen a crear los marcos legales para una ejecución transparente, organizada y eficiente del gasto público, mientras con la Ley de Planificación e Inversión Pública, así como la de Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones se establecen los lineamientos para un uso más racional del gasto en capital y un sistema público de compras basado esencialmente en licitaciones.
El éxito de la reforma de la gestión fiscal dependerá del compromiso de los funcionarios, tanto del sector centralizado como el autónomo, para que todas las instituciones establezcan una Dirección Administrativa Financiera (DAF) en línea con estas leyes y que la Secretaría de Hacienda logre hacer realidad la cuenta única de Tesorería y la incorporación de todas las entidades estatales en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). Cuatro años de reformas estructurales y el compromiso de un mandatario con la estabilidad y la consolidación del crecimiento nos permiten contar con las instituciones y el marco legal capaces de modernizar la gestión financiera fiscal y garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos presupuestarios.
