El Gobierno dominicano ha visto multiplicar varias veces sus ingresos fiscales en las últimas dos décadas, sin que en ese período se hayan solucionado problemas básicos, que se suponen prioritarios, y que suelen estar resueltos en cualquier estado moderno y con cierta organización.

De cerca de 5,500 millones de pesos en  1988, las recaudaciones fiscales del Gobierno pasaron el año pasado a 331 mil millones, impulsadas por más de una docena de reformas que se han producido en ese período, algunas de las cuales marcaron un nuevo rumbo en la política fiscal del Estado dominicano.

Desde la elaboración y aprobación del primer Código Tributario, a mediados del decenio de 19  80, a la reestructuración de la administración, la eliminación de decenas de tributos intrascendentes en cuanto a los recursos que aportaban, pero de difícil administración, hasta la aplicación de nuevas medidas para el cruce de informaciones que han reducido significativamente los niveles de evasión.

Sin embargo, las abundantes leyes reformadoras no han logrado satisfacer una aspiración expresada por sectores importantes de la sociedad a lo largo de este período, y es un sistema tributario en el que se cambie la relación en cuanto a los impuestos al consumo y los impuestos a los ingresos.

Actualmente los impuestos al consumo aportan  el 70% de los ingresos fiscales, y los impuestos a los ingresos apenas un 25%, y 3% al patrimonio, cuando en los países de la OCDE, en donde hay mayor equidad, la relación es inversa.

Una nueva reforma.  Unas declaraciones sobre la necesidad de una nueva reforma, que fortalezca la posición fiscal al Estado, atribuidas al secretario de Economía, Temístocles Montás, generaron gran revuelo entre distintos sectores, y la oposición abierta del empresariado.

Posteriormente Montás negó haber sugerido la reforma, aunque insistió en que si se quiere un Estado fuerte, tarde o temprano habrá que subir la presión fiscal, que según afirma, en el país es de apenas 13%.

Esta afirmación contradice los estudios de diversos sectores que sitúan la presión fiscal en el país entre 19 y 22% del producto, un incremento porcentual importante respecto a la de principios de esta década cuando se encontraba en cerca del 14 por ciento.

De la prehistoria.  Durante décadas el país contó con un régimen fiscal desorganizado, ineficiente y muy enmarañado, compuesto por decenas de  tributos difíciles de manejar, de baja recaudación y que facilitaban la evasión.

Nelson Suárez, experto en el área, recuerda que a partir del 1973 se iniciaron esfuerzos por realizar una reforma fiscal y tributaria, que estuvo encabezada por expertos de la Organización de Estados Americanos, quienes se mantuvieron trabajando varios años en la Oficina Nacional de Presupuesto y en la secretaría de Finanzas.

En 1978, ya en el Gobierno de Antonio Guzmán, los proyectos de los técnicos de la OEA comenzaron a dar frutos y se inició un programa de reformas, en los que se establecían nuevos impuestos, se redujeron trámites, se creó el Registro Único de Contribuyentes y Cuentas Corrientes, y se creó el Instituto de Capacitación Tributaria. Para ese entonces se comenzó a hablar sobre la necesidad de aprobar un  Impuesto al Valor Agregado que, sin embargo,  no se concretizó hasta 1983.

Temístocles Montás

En el país debería abrirse un gran debate nacional en el que sean los propios dominicanos quienes determinen si quieren un Estado fuerte o débil”

Lisandro Macarrulla

No debe haber más impuestos, pues la situación de incertidumbre que atraviesa la economía y el quehacer productivo nacional no resiste una carga más”

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La reforma pendiente

Para el economista Alfonso Abreu Collado, la gran reforma tributaria del país está aún pendiente.. Se trata de la que permita  modificar  el esquema actual, que carga el peso de las recaudaciones internas sobre el consumo, lo que resulta muy injusto y completamente alejado de la tendencia vigente en el mundo, especialmente en los países  más desarrollados y en los miembros de la Organización para el  Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE). Este sistema regresivo carga con más peso a quienes menos tienen. En el país, entre los impuestos a los ingresos y el impuesto al patrimonio no llegan al 30%, cuando en la mayoría de los países citados estos ocupan entre el 70 y el 80% de los ingresos del Estado. La reforma pendiente debe llevar el impuesto sobre la renta al 35 ó 40% del total de los ingresos fiscales. También el impuesto al patrimonio debe ser trabajado de manera que los ricos paguen impuestos por sus autos de  lujo, sus  helicópteros, yates y mansiones de verano. Reconoce que la actual administración tributaria ha demostrado mucha eficiencia en la reducción de la evasión, con la aplicación de mecanismos de información cruzada. También se ha hecho más expedito el trámite, que ha sido liberado del peso burocrático que afectaba su eficiencia.

Durante el 1982, el Gobierno de Salvador Jorge Blanco negoció un acuerdo de Facilidad Ampliada con el Fondo Monetario Internacional, que entrañaba fuertes ajustes.

Este acuerdo obligó a las autoridades a promover varias leyes mediante las cuales se impusieron nuevos impuestos, entre ellos un recargo cambiario a las exportaciones que, al decir del economista Alfonso Abreu Collado y otros especialistas, perjudicó sensiblemente a ese sector, pero, dado el buen precio de los productos criollos en los mercados internacionales, generó cuantiosos recursos.

Como parte del paquete negociado con el FMI, en enero de 1983 se aprueba la Ley 74, que creó el Impuesto a la  Transferencia de Bienes Industrializados (ITBI), la que entró en vigencia en septiembre de ese año.

A principios de la década de 1990 el país se vio sumergido en una profunda crisis económica, que forzó al presidente Joaquín Balaguer a buscar soluciones de consenso mediante el diálogo social con empresarios y trabajadores, en el que se firmó el “Pacto de Solidaridad Económica”.

De este diálogo surgieron varias leyes, y la que es considerada hasta ahora por los economistas Suárez  y Abreu Collado como más profunda reforma fiscal realizada en el país hasta la fecha.

Los cambios, que incluyeron la aprobación de la Ley 11-92, que creó el Código Tributario, se produjeron entre 1992 y 1993. Incluyó, además, modificaciones al arancel de aduanas.

Paquetazos y paquetitos.  Tan pronto asumió la presidencia de la República, el presidente Leonel Fernández y su equipo intentaron nuevas  modificaciones a las leyes tributarias, para aumentar los ingresos, reducir la evasión y simplificar el régimen.

El proyecto de reforma fue enviado al Congreso Nacional pero no fue aprobado.

En 1997 se produjo otra de las reformas importantes, pero esta vez no incluyó cambios impositivos, sino en la administración. Mediante la Ley 166-97 se unificaron las Direcciones Generales de Impuesto sobre la Renta y de Rentas Internas y se creó la Dirección General de Impuestos Internos.

Una mina

Tan pronto asumió el Gobierno, Hipólito Mejía envió al Congreso un proyecto de  ley para establecer impuestos a los hidrocarburos,  fue aprobado en noviembre  y entró en vigencia de inmediato.  Los impuestos a los hidrocarburos,  aplicados mediante una fórmula en la que se indexan varias variables, es, con el ITBIS, uno de los tributos que mayores recursos deja al Estado, sobre todo cuando los precios del petróleo y sus derivados aumentan.

Además de la Ley de Hidrocarburos, durante el Gobierno de Mejía se aprobaron dos paquetes de medidas impositivas, una en 2001, y otra en  2003. En el primer caso se trató de leyes que, entre otras cosas, establecieron el anticipo de 1.5% del Impuesto sobre la Renta, aumento a los impuestos selectivos al consumo y un incremento en la tasa del ITBIS de 8 a 12%. El segundo paquete de medidas impositivas se realizó en  2003 mediante decretos y bajo  presión de la crisis bancaria que estalló ese año.

Un año más tarde, pero ya con Leonel Fernández en la Presidencia de la  República, se aprobó un paquete similar al de 2001, pero que generó más polémicas entre los sectores afectados.

Esta vez la tasa del ITBIS volvió a subir 4 puntos porcentuales y fue llevada a 16%. También comenzó a aplicarse a productos antes exentos por considerarse  de primera necesidad, y a servicios que, como la publicidad y las profesiones liberales, no pagaban. También subieron los selectivos a las bebidas alcohólicas y los cigarrillos. En el caso de los alcoholes se varió la fórmula para cobrar en función de la cantidad de alcohol.

En 2005, en el marco del acuerdo “stand by” con el FMI, y del DR-Cafta, se aprobaron nuevas reformas, especialmente en el sector arancelario.

En el 2006 se aprobó la llamada rectificación tributaria, la Ley de Autonomía a la DGII y Aduanas,  y un año después la Amnistía Fiscal.

Las prioridades en el gasto son cuestionadas

A pesar del incremento sostenido y extraordinario de las recaudaciones fiscales del Estado en las últimas dos décades, cuando termina la primera década del siglo 21 persisten en el país los mismos problemas presentes a principios del decenio de 1980 del siglo pasado.

La mala calidad de la enseñanza y la falta de aulas e infraestructuras en las escuelas públicas eran reclamos entonces y lo son en estos momentos.

Lo mismo ocurre con el suministro de agua potable. Un gran porcentaje de los ciudadanos dominicanos todavía no dispone de agua corriente en sus viviendas y las instalaciones sanitarias son inexistentes o primitivas.

Ni siquiera el Distrito Nacional dispone de un adecuado sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. Las deficiencias del sistema eléctrico, que impide un suministro normal, continuo y adecuado de electricidad se mantienen, a pesar de los miles de millones de dólares que ha gastado el Estado en ese sector.

Y cada día hay algún barrio o comunidad del interior reclamando obras tan básicas como arreglo de calles, aceras y contenes puentes o caminos vecinales para sacar la cosecha y poder circular normalmente.