Reformas impositivas o fiscales

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JOSÉ LUIS ALEMÁN S.J.
Tras las discusiones sobre la conveniencia o necesidad de la rectificación fiscal percibimos muchos una opinión mayoritaria, eso creo, de resistencia apasionada a más impuestos por la población y de terquedad gubernamental por aumentar sus ingresos.

Estas actitudes son comprensibles. Vivimos los ciudadanos tiempos de mala calidad de servicios públicos de diversa índole desde los eléctricos y de transporte público, hasta los escolares y hospitalarios, algo que no es nuevo pero a lo  que no podemos acostumbrarnos, y por otra parte no percibimos señales de austeridad de vida en muchos servidores públicos y en diversos renglones de gasto como publicidad.

 La discusión puede desarrollarse en muy diferentes sentidos.

 El Gobierno insiste con razón en que necesita mayores ingresos para solventar obligaciones de préstamos de anteriores gobiernos. Consiguientemente allí hay que buscar a los responsables de esa necesidad.  La argumentación es sólo parcial no global y olvida y quiere hacernos olvidar el papel causal de la quiebra bancaria. Por eso y por estar el actual Gobierno repitiendo el mismo pecado, y con los mismos cómplices, pierde legitimidad su argumentación.

 La oposición, que en este tema  es casi universal, repudia la rectificación porque el Gobierno se niega a expresar de manera clara y comprobable en qué se usarán los fondos. Sorprende a cualquier observador semiobjetivo el enorme incremento del gasto público en personal, dietas, materiales, Metro, publicidad… cuando la crisis de servicios públicos es inocultable. Es fácil argumentar que mayores ingresos públicos y mayores extravagancias, también públicas, van de la mano en la historia dominicana.

 Estas discrepancias en la argumentación son normales en una sociedad democrática y no impedirían una solución vía Congreso aceptada aunque a regañadientes. No parece, sin embargo, que esta solución sea buena, aunque obviamente se impondrá por la fuerza legal y probablemente sin tener que hacer uso de la otra fuerza. La aprobación de la rectificación  será vista, temo, como una violación flagrante de la esencia del sistema: no legislar sobre temas que violan intereses profundos de gran parte de la población o hasta  de una minoría. El campo de dominio del Poder público es indefinido pero de ninguna manera  infinito. Lo limita el respeto a las minorías o a la mayoría extracongresual.

Quizás lo importante de la rectificación es que nos puede ayudar a definir lo que las minorías o mayorías sienten como irrenunciable y a redefinir  objetivos aceptables de la administración pública.

1. Lo irrenunciable

Medimos la irrenunciablidad por algo que apreciamos más que cualquier otra cosa pero que se nos puede quitar o restringir. En el caso particular de los impuestos ese algo es la posibilidad de mejorar. Me explicaré.

1. La actitud generalizada actual de la población dominicana en el campo económico es la de mejorar en ingreso, en posición o status social, y en propiedad de bienes otrora llamados suntuosos como carros y viajes al exterior. Nada nuevo o más de lo mismo de siempre pudiera decirse. No. En  realidad estamos ante  algo históricamente nuevo, de hace unos cincuenta años.

 Los historiadores dominicanos en estudios dignos de crédito han ido documentando una actitud económica extremadamente conformista de la población desde por lo menos las despoblaciones de Osorio. Por razones demográficas la tierra era abundante y la población escasa hasta principios del siglo XX. Por razones de alta política metropolitana, imposibilidad de defender todas las Antillas frente a ingleses, franceses y holandeses, el poder fiscal y por ende político del Gobierno fue mínimo como lo fueron los núcleos de población urbana. Por razón de la política mercantilista en boga hasta fines del siglo XVIII el comercio exterior era pequeño  y por lo tanto también el conocimiento mismo de muchos bienes urbanos. Por ventajas comparativas naturales e institucionales la limitada inversión extranjera americana e inglesa prefería Cuba.

En ese marco histórico de hatos, población predominantemente campesina  con abundancia de tierra, aunque sin  su propiedad, y  aislada  del mundo exterior, los dominicanos preferían una pobreza medida en bienes y en servicios públicos pero rica en comida y en relaciones familiares  y de compadrazgo territorial a los bienes y a la disciplina y esfuerzo del mercado.

Cassá en un  penetrante estudio sobre el campesinado dominicano, 2005,

escribe que los campesinos “eran ciertamente concientes de ser pobres en comparación con el estilo de vida vigente en las ciudades, pero no aspiraban a él, ni veían en la diferencia una situación que comportara  un estado de injusticia. Por el contrario percibían su situación como natural y sobre todo conveniente y dichosa. La mentalidad campesina ponía el énfasis en el acceso a los bienes alimenticios, que eran vistos como indicador crucial en materia de calidad de vida. Si había comida suficiente y algunos escasos otros bienes imprescindibles, en principio todo estaba bien y ahí residía lo característico de la época, pues lo normal era tener acceso a una cuantía suficiente de alimentos, sin que requiriese de un esfuerzo especial, a pesar de la tecnología primitiva “.

En esas circunstancias una economía de subsistencia dejaba tiempo libre para el ocio y diversiones y la “población agraria se hallaba cohesionada por medio de redes de vínculos primarios, cuyo factor primordial se localizaba en la solidaridad que proveía el parentesco”.

2. La apertura al comercio exterior cambió esta actitud de vida “dominicana” porque hasta los mil novecientos treinta el 85% de la población era campesina. La atracción  de los bienes urbanos importados y la orientación al mercado externo (café, cacao) e interno (carne, arroz) del campesinado a partir de los 1900 que monetizó la economía y permitió a todos algún ingreso para consumir bienes no-auto producidos, venció definitivamente la actitud anterior. Desde entonces el mejorar sustituye al comer, las relaciones estatales y de mercado a las familiares y de compadrazgo.

Las rupturas de normas y valores de vida pueden tener un inicio puntual definido en el tiempo pero la adopción general del nuevo estilo de vida tarda más. Todavía hoy, después de tres generaciones de sustancial apertura exterior, apreciamos grupos y personas para las cuales mejorar no es importante y que se sienten satisfechos con la comida y poco más. Pero  mejorar en ingreso, status y riqueza es la orientación clave para las clases medias y buena parte de los pobres urbanos y rurales.

El cambio, sin embargo, todavía no está tan sólidamente establecido que pueda darse por seguro. Ni el empleo, ni la propiedad endeudada como está, ni la preparación académica ni el apellido garantizan una confiada posesión del bienestar para la vejez y para los hijos.

Perder la creencia y la esperanza en el mejor futuro económico es el terror de la clase media, aquella sobre la que pesarán en última instancia los rectificados impuestos sin aumento certificado de ingresos. Para ella todo nuevo impuesto ha llegado a convertirse en frustración existencial. Con bastante razón.

3. Suele afirmarse que la carga impositiva dominicana, alrededor del 16 a 18%  del Producto es en comparación con otros países baja. Lo es si no tenemos en cuenta que, a diferencia de los Estados Unidos y aún más de Europa, los contribuyentes tienen que cargar con el costo de mercado de servicios públicos seguros y de calidad que allá existen y  aquí no.

La educación pública dominicana no es alternativa realista para las personas con ingresos medios. Aparentemente el retraso académico registrado en varias pruebas entre los estudiantes de escuelas públicas y colegios privados ya al llegar al quinto grado es de dos cursos: el material docente aprobado en las escuelas públicas de quinto grado ha sido aprobado en los colegios ya  en el tercer grado, La diferencia aumenta en vez de disminuir.

Probablemente este diferencial se debe, como dice Actis, a la mayor pobreza de los alumnos de la escuela pública. Pero la diferencia existe y mueve a los que han arribado a las playas culturales de la “mejoría” a incurrir en gastos sensibles de educación privada.

Todavía más documentado es el recurso de la mayor parte de la población a establecimientos privados de salud. En otros países el sistema de seguridad social ofrece servicios satisfactorios a todos.

Otros servicios públicos de calidad y costo  aceptable en otros países como el transporte, la electricidad, la seguridad y hasta la justicia nos imponen gastos financieros adicionales.

Si nos basamos en el excelente estudio del Banco Central sobre el consumo final por quintiles y regiones no parece exagerado concluir que la carga efectiva debida a la necesidad de recurrir al mercado por servicios que en otras partes sufraga el Estado puede llegar a un 8% del PIB.

 4. La obsesión de los pobres menos pobres (los que pueden endeudarse en miles de dólares) para emigrar a como haya lugar a los Estados Unidos es testimonio de que el deseo de prosperar se ha generalizado y que las esperanzas de lograrlo en el país son mínimas. Por supuesto los impuestos indirectos como el ITBI lo pagan también  ellos y, como el uso del pequeño ingreso se dedica más al consumo que al ahorro, representan proporcionalmente una carga mayor para el pobre.

2. Terquedad gubernamental

Muchos no estamos de acuerdo  con la distribución del gasto público. Nos parece sencillamente exagerado el incremento del gasto en nómina y servicios personales y en publicidad. Creemos saber que la falta de mecanismos serios de licitación pública  abierta realmente a su impugnación ante comités internacionales de arbitraje contribuye al incremento de los costos  de  las inversiones y de las contratas públicas. Tememos que los gastos de asistencia social de la Presidencia  incluyan una proporción exagerada de gastos administrativos. Tenemos siempre presentes las desgracias acarreadas por préstamos al Gobierno.

 El fracaso del Gobierno en mejorar sustancialmente el servicio eléctrico, en dar mantenimiento adecuado a calles y carreteras y en ofrecer en los hospitales medicinas y análisis a costos reducidos, que por supuesto exigen subvenciones, es inocultable. Su insistencia en recurrir con frecuencia a financiamiento por préstamos y en  continuar, contra muchas críticas, inversiones en sí buenas pero cuestionables por su costo de oportunidad es notable. Escasean señales de austeridad por parte de los funcionarios públicos.

 El Gobierno muestra terquedad en mantener prioridades de gasto no compartidas por muchos  y en proponer reformas impositivas, no fiscales que implicarían menos ingresos y más gastos, aun en tiempos difíciles para la población.

Ante estos hechos y ante las protestas previas a la rectificación fiscal cabe  preguntarnos por la razón de ser de esa terquedad. Parte de la respuesta la encuentro en el mismo deseo de mejoría anteriormente expuesta, parte en  razones de poder político.

1. Los funcionarios, empleados públicos, activistas de los partidos y beneficiados de grandes y pequeñas contratas públicas son parte importante de nuestra población y por lo tanto padecen el ethos de la mejoría y el espectro de la precariedad: disfrutan de ingresos y contratas pero precariamente. La precariedad nace de la falta de carrera administrativa, de despidos y de pensiones, por una parte y, por otra parte, de la volatilidad del voto electoral.

En esa situación no pueden ellos aceptar austeridad ni disminución de sus salarios (Balaguer lo impuso pero también se impuso electoralmente) sino incrementos en salarios, dietas, gasolina, etc. Mucho menos soportan el mal pensamiento de reducir la nómina hagan o no trabajos congruos con sus empleos. Su resistencia a toda austeridad y a todo cambio en la distribución del gasto público, que por definición cuestiona el status quo, es feroz.

2. Esta resistencia se mide por su apoyo a los altos dirigentes del partido en el Gobierno pero sobre todo por los dirigentes barriales que necesitan chequecitos para vivir y para ayudar a sus bases. En una democracia que se mueve en un complejísimo sistema de relaciones sociales el poder electoral depende de ellos. El carisma presidencial o ministerial ayuda; la riqueza y el look también; pero lo más importante es el voto de los pobres que votan porque son más y porque son atendidos en situaciones de enfermedad grave o de defunción de familiares..

La terquedad gubernamental tiene, pues sus razones. El Gobierno necesita que sus funcionarios y dirigentes lo apoyen ante el foro de la opinión pública y que los grandes beneficiados de contratos financien su labor proselitista.

Desgraciadamente toda  rectificación de gastos implica pérdida de poder político. El ejemplo más patente lo hallamos en los intentos de suprimir contratas grado a grado que favorecen a miembros y simpatizantes del partido y de las élites civiles, y sustituirlas por el veredicto de verdaderas licitaciones impugnables.

3. El costo, también político, de esta terquedad es, sin embargo, bien alto: descontento de una población harta de impuestos y de gastos por malos o inexistentes servicios públicos. Sobre todo desprestigio y pérdida de credibilidad social del Gobierno.

La terquedad fiscal tiene beneficios y costos.

3. Conclusión

No he querido adentrarme en el análisis económico de la rectificación sino en lo que me parece una realidad social: la negación social de apoyo y la inflexibilidad del Gobierno. Dicho en palabras más sencillas: el momento no está para ese tipo de reformas.

Pero debemos preguntarnos qué debemos hacer en ausencia de la rectificación. Probablemente lo mismo que el ciudadano enredado en una red de préstamos por pagar. O sea clara austeridad de vida y milagros de los funcionarios, disminución del gasto en publicidad, contratación por concurso exigente de obras y compras públicas, transparencia de ingresos y gastos, eliminación gradual de exenciones, cobro real y no-negociado de impuestos aduaneros e internos, supresión de empleos contratados por sumas fantásticas de más de 300,000 pesos mensuales, vicecónsules, paralización de obras públicas no prioritarias, suspensión temporal de empréstitos…

Claro está también lo que no debe hacer el Gobierno: rebajar el presupuesto de educación o salud y despido del personal que trabaja.

 Poesía y para colmo vulgar. Es cierto. Lo es también que el reto ineludible del Gobierno es recuperar por austeridad y sobriedad su huidiza credibilidad.