A pesar de que nuestra economía es una de las más robustas de la región, en términos de crecimiento, la necesidad de reformas estructurales asoma cada vez que se habla de las variables que sustentan el aparente bienestar. Por separado, pero coincidiendo en aspectos formales, organizaciones como el Centro Regional de Estudios Económicos Sostenibles (CREES) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), hablan de la necesidad de cambios que nos transformen en una economía realmente competitiva.

Los distintos gobiernos han rehuido de lograr un pacto fiscal que, indudablemente, tendría que contemplar cambios en la estructura tributaria que frena la competitividad de la industria, con variables entre las que hay que citar los costos de un transporte de carga monopolizado, los precios de los combustibles con una abusiva carga de impuestos, el alto costo de la energía en función de su baja eficacia, los altos costos laborales no salariales y un régimen inadecuado de competencia comercial.

Es ineludible la necesidad de impulsar reformas estructurales que mejoren el ambiente de negocios, permitan generar empleo y mejores condiciones salariales, y que el crecimiento de la economía influya en la calidad de vida de la gente. No podemos seguir durmiendo en los laureles del crecimiento. Hay que hacer reformas profundas.

Una democracia de desequilibrios

En algunos países de América hay regulaciones específicas para equilibrar el acceso de los grupos políticos a los medios de difusión y propaganda. Es una regla de equidad que funciona para evitar que el poder económico de un grupo en el poder pueda avasallar a sus contrincantes en una justa electoral. Los artículos 111 y 112 de la Constitución dan a la Junta Central Electoral (JCE) facultades para procurar esa equidad, pero el acceso a los recursos sigue siendo desequilibrado en favor del partido en el poder.

Participación Ciudadana critica en un informe de su observación del proceso electoral del 2016 la desigual distribución del financiamiento estatal a los partidos y la desproporción en el gasto de propaganda, con ventaja para el grupo en el poder, pese a que la equidad es principio base de la democracia.