JUAN D. COTES MORALES
Los pueblos activos, militantes y organizados en varias instituciones sociales, políticas, religiosas, culturales, etc., cuando se dieron cuenta de las penurias que sufrían, mientras sus gobiernos se iban endeudando progresivamente y cada vez más, al mismo tiempo que sus gobernantes se marchaban a vacacionar en otros países con los dineros que habían substraído de las arcas nacionales o producto de negocios turbios sostenidos con gente de la peor calaña o ligados a mafias internacionales, comenzaron a adquirir conciencia.

La frecuencia con que estos hechos se repetían en la mayoría de los países pobres y endeudados tocó las fibras sensibles de mucha gente en todas partes del mundo. Denuncias y persecuciones fueron constantes para reclamar la extradición de todos al mismo tiempo que los organismos internacionales aplicaron una nueva política presionando a todos los gobiernos en procura de una mayor transparencia en la ejecución de las obras dispuestas con el financiamiento de recursos obtenidos mediante préstamos.

Eso no fue suficiente, pues, los gobiernos eran transitorios y la burocracia estaba corrompida en todos los estamentos en algunos casos, y en otras, era totalmente incompetente o no existían los debidos controles.

En esa virtud, fue como se produjo la variación de requerir para todo, acuerdos de Estado y no gubernamentales. Y es natural, pues el Estado permanece, es la suma garantía de todo; los gobiernos son transitorios.

El Estado como ficción y como persona jurídica es abarcador, absorbente y omnipresente. El pueblo a través de los poderes públicos y de sus instituciones elige a su interlocutor para que represente al Estado y lo represente a él también con eficiencia, eficacia y equidad.

De modo pues que, realmente, un presiente tiene una responsabilidad frente al Estado y otra frente al pueblo. Si el Estado crece mucho o demasiado, el pueblo se perjudica. Por el contrario, si el pueblo se anarquiza, promueve el caos y la violencia y el irrespeto a todas las instituciones públicas, el Estado se deteriora y se pone en peligro a las instituciones, la paz, el orden y la seguridad pública.

Es el interlocutor del pueblo y del Estado, el presidente de la República, quien tiene en sus manos el poder legítimo para interceder en una forma u otra, pero siempre la que más convenga a las mayorías nacionales y a la preservación del Estado.

Ahora mismo el Estado y el pueblo dominicano están pasando por una situación muy lamentable. No hemos llegado al deterioro, pero, por doquier se advierten precariedades y necesidades muy preocupantes.

La gobernabilidad no corre ningún riesgo. Cierto. Pero el hambre, la desnutrición, el desempleo, las madres solteras y embarazadas, los niños, los jóvenes en la pubertad, los ancianos, los enfermos, los discapacitados, constituyen una parte extremadamente vulnerable de la sociedad a quienes es necesario asistir con carácter de urgencia para tratar de quebrar su vínculo y el de sus familiares con el de la extrema pobreza que se transmite de manera generacional porque se habitúan a la indefensión y al abandono. Se sienten desasistidos, desprotegidos y sin la más mínima noción de nada.

El Estado requiere hoy con carácter de urgencia las impostergables reformas que se previeron desde hace mucho tiempo y nunca se promovieron ni ponderaron debidamente, porque las mismas eran para ser aplicadas en un período de 10 años, o sea, más de un mandato presidencial. Desgraciadamente, minimalismo, improvisación, inmediatismo, ignorancia y corrupción se han impuesto en ocasiones, malignando fatalmente los proyectos de reforma.

Es tiempo de reformas. Ahora o nunca.