El aniversario de Balaguer propicia replantear necesidades de retomar ingredientes reformistas al proceso de transformación nacional ante insatisfacciones predominantes: magros resultados sociales del alto crecimiento económico y falta de institucionalización para armonía nacional.
Sobre ambos, el reformismo tiene probadas y sobradas experiencias.
Balaguer intentó institucionalizarnos tras ajusticiamiento de Trujillo cuando asumió plenamente la Presidencia: Propuso continuar disposiciones constitucionales vigentes, terminar su período y convocar elecciones para elegir nuevas autoridades y luego reformarla. La oposición no aceptó haciéndolo renunciar y exiliándolo, imponiendo Consejo de Estado para organizar elecciones (1962). El gobierno resultante fue derrocado (1963) abriendo el período más accidentado e infecundo de nuestra historia reciente: gobierno de facto (1963-65), confrontación cívico-militar (1965) y gobierno provisional organizador de elecciones (1966) que Balaguer ganó; volviendo a gobernar tras cuatro años perdidos.
El país estaba ocupado militarmente, sometido internacionalmente a fobias anticastristas; nuestra sociedad, FFAA incluidas, dividida; finanzas públicas desechas, economía primitiva; gente “con estómagos repletos de parásitos y vestida de harapos”; medio ambiente amenazado por aserraderos y carboneros.
Doce años después tropas invasoras habían evacuado, con Cuba se mantuvo relaciones fácticas contraviniendo políticas hemisféricas; nos reunificamos: políticos, militares, que no podíamos mirarse llegamos a compartir; la disciplina fiscal restablecida pudiendo honrar cargas fijas y disponer de excedentes para invertir en “varilla y cemento”; la economía transformada, industrializándose, agregándose zonas francas y turismo, proporcionando empleos mejoradores de niveles de desarrollo humano; aserraderos y carboneras fueron drásticamente cerrados; leyes agrarias coronaron vocación social transformadora.
El reformismo dio testimonio de transformación política ejerciendo oposición constructiva (1978-1986), institucionalizando democracia oponiéndose a asonadas militares y enfrentando amenazas por estancamiento económico e inflación, detonaciones sociales (1984) y sometimientos internacionales vía endeudamientos.
Recuperado el poder (1986-1996) la vocación transformadora tomó nuevos aires encarando estos males: disciplina fiscal restablecida, economía reactivada, diálogos tripartidos relanzados, contratos con mineras extranjeras renegociados. Rubricamos cumbres internacionales, sociales y ambientales, coronando ésta con leyes sobre áreas protegidas.
Las reformas económicas instituidas en los 90 nos insertaron al nuevo orden comercial mundial.
Con ellas testimoniamos vocación transformadora reformando nuestras transformaciones previas; vocación testimoniada políticamente (1994): En aras de la convivencia, aceptamos cercenar período de gobierno y otras reformas mediante la suscripción del Pacto por la Democracia que luego fueron anuladas en señal de improcedencias.
La nación sufre amenazas por precaria institucionalización y magros resultados sociales del modelo económico, conforme indican encuestas que pronosticaron resultados electorales pasados.