Uno de mis recientes recorridos por los municipios de la ciudad tuve la percepción de que había aumentado sustancialmente el número de motoristas con cascos protectores y casualmente me encontré con un punto de chequeo policial con algunos motoristas detenidos por la falta del casco protector y se me ocurrió la idea, ya expuesta por otros ciudadanos, de que la inmensa cantidad de violadores de la ley de tránsito podría justificar un operativo permanente de aplicación de multas que servirían para fortalecer el presupuesto asignado a la policía nacional justificando la aplicación de un gravamen, por ejemplo, a los importadores de esos cascos de protección porque son miles o millones de motoristas que no los usan pero bajo la presión policial permanente les generarían pingües ganancias.

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Se trataría de un esfuerzo permanente para que los agentes policiales asuman como garantía de sus aumentos salariales la aplicación irrestricta de la ley para todos facilitando la adquisición de recursos para que el Estado pueda dedicarlos a los hospitales de trauma y la mejoría de los servicios policiales.