La doctora Aura Celeste Fernández reforzó hoy sus cuestionamientos al manejo de la ejecución presupuestaria de la Junta Central Electoral (JCE), y le exigió al presidente del organismo, doctor Julio César Castaños Guzmán,  asumir su responsabilidad de presentar al Pleno toda la contratación hecha a nombre de la institución.

Igual exigencia hizo al presidente de la Cámara Administrativa, doctor Roberto Rosario, para que presente un informe rindiendo cuentas al Pleno sobre los casi RD$2,000 millones que maneja esa instancia, incluyendo los ingresos extra presupuestales que, según ella, éste ha manejado discrecionalmente.

La magistrada Fernández dijo esperar que la auditoría que le hace la Cámara de Cuentas a la JCE sea «objetiva» y sus resultados reflejen sólo la verdad.

En estos momentos, el Pleno de la JCE está reunido de urgencia para conocer de esa y otras denuncias de Fernández, quien ofreció sus declaraciones en una rueda de prensa previa a la reunión.

«Ratifico mi exigencia y continuaré exigiéndole al presidente de esta JCE que asuma su responsabilidad como presidente del Pleno y en tal virtud, su obligación de presentar ante el Pleno toda contratación hecha a nombre de la JCE para obtener la aprobación de este órgano», dijo.

Asimismo, agregó que  «no es ocioso recordarle al doctor Julio César Castaños que todos somos co responsables, por comisión, pero también por omisión, de la cuenta que demos de la administración de los fondos públicos puestos bajo nuestra responsabilidad”.

“Si alguien por conveniencia o falta de carácter está dispuesto a renunciar a sus prerrogativas, esa no seré yo, y así se lo participo a la opinión pública nacional».

En cuanto al doctor Rosario, dijo que a la ciudadanía le debe constar que si hoy le exige rendir cuentas ante el Pleno, como presidente de la Cámara Administrativa, es para que explique cómo se han ejecutado los más de RD$1,493,816,350.05 de ingresos extra presupuestales por concepto de tasas de servicios de las oficialías y otros servicios.

Así como también RD$345 millones en publicidad y propaganda.

Además, para que informe sobre las obras aprobadas a contratistas y otras que están en ejecución, todo lo cual, de acuerdo a certificación del Departamento de Auditoría de la JCE, ascienden a RD$417 millones 015 mil 657.50.

«He podido constatar que la Cámara Administrativa, abrogándose las atribuciones del Pleno, otorga las obras a ejecutar sobre la base de una declaración jurada por parte del contratista, en violación a lo dispuesto en la Ley 340-06, que exige la formalización de un contrato…», dijo la magistrada Fernández.