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El Bloque de Regidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) defendió los aumentos en el cobro de los arbitrios, tasas e impuestos aprobados por el Concejo en su última sesión del año pasado con efectividad a este mes.
Julián Roa, vocero de los regidores del PLD; Jesús Batista, de la Fuerza Nacional Progresista, y Elin Rosario, de la Alianza Por la Democracia (APD), coincidieron en que las ordenanzas fueron aprobadas por todos los regidores, incluidos los del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), algunos de los cuales ahora los critican.
Aclararon que el ADN no se ha inventado ningún impuesto o tributo, sino que elevó los existentes, debido a que tienen que aumentar sus ingresos para poder ofrecer mejores servicios.
Llamaron la atención sobre las declaraciones del PRD, cuando todos sus regidores, no solamente firmaron los informes de las comisiones, sino que luego aprobaron las ordenanzas en la sesión efectuada el pasado 23 de diciembre.
No es posible aprobar esas ordenanzas con el voto exclusivo del PLD, porque se necesitan las dos terceras partes de la matrícula, que sólo se consigue con el PRD. Entonces, que no vengan ahora tratando de engañar al pueblo, explicó Roa.
Rosario fue la única que tomó un turno en la sesión para que a las viviendas de los sectores vulnerables no se les aplicaran los aumentos, tomando en cuenta el déficit habitacional que existe en ese sector.
El regidor del Partido Revolucionario Dominicano y urbanista, Kalil Michel, calificó de funesto el conocimiento y aprobación de nuevos arbitrios, dispuestos al vapor por el Concejo de Regidores del ADN a propuesta del alcalde Roberto Salcedo. Michel considera que éstos encarecerían los servicios municipales como trámites, procedimientos, tasas, planeamiento urbano, tarifa de recogida de basura, así como arbitrios por uso y mantenimiento de suelo, entre otros.
De su lado, La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) advirtió que el aumento del 200 por ciento en arbitrios, tasas y servicios del ADN, constituye una doble tributación con relación a otros impuestos establecidos por las leyes nacionales, e impactará de manera directa el costo final de la construcción.
Mientras que el sector empresarial advirtió que la Constitución sólo autoriza al Congreso a hacerlo.
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Inconstitucional
La ACOPROVI, encabezado por su presidente, Jaime González, explicó que las ordenanzas e informaciones aprobados por el ADN son inconstitucionales, debido a que chocan con impuestos existentes de carácter general contenidos en diferentes legislaciones. Sostuvo que el Informe Sobre Arbitrios por Uso y Mantenimiento de Suelo (Predial), aprobado como una ordenanza del cabildo de la capital, en su artículo 3 dispone establecer una tarifa de 2 mil pesos del valor de la propiedad incluyendo el terreno.
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Aumentos
Por uso de suelo se pagaba anteriormente mil pesos, pero con la actual disposición se pagarán 3 mil pesos. Por una inspección se pagaba 500 pesos, ahora deberán pagarse 2 mil pesos. Por un certificado de no objeción para edificación de apartamentos antes del cambio de gravamen se pagaban 5 mil pesos, ahora deberán pagarse 25 mil pesos. Los grandes negocios pagarán por tenelaje de basura producida.
