Santiago. El síndico municipal José Enrique Sued rehusó hablar de la  “nómina social”, mientras  cuatro regidores negaron  haber obligado  al alcalde a  crearla. Una edil consideró que la revelación de su existencia es un ataque político

Coincidieron en afirmar que cuando  llegaron al cabildo, el 16 de agosto de 2006, esa  nómina existía  y que lograron transparentarla y eliminarla, con  la anuencia del síndico.

“Es falso de toda falsedad la noticia que dice que  nosotros los regidores  obligamos al síndico a crear una nómina social. Nosotros llegamos el  16 de agosto del  2006  y encontramos  esa  nómina  y le exigimos que la eliminara  y lo conseguimos. Por lo tanto es  nómina ya no existe”,  dijo Amarilis Baret, regidora del PRD.

Mientras Sarah Nolasco (PRSC),  consideró que  lo que  hay es  un  ataque político de sus adversarios. “José Enrique es  un peso pesado. Todos los que quieren ser síndicos no tienen la calidad  ni su  capacidad. Eso es para atacarlo  y como él tiene el  75% en  las encuestas,  con todo y tener un  partido con  todos los problemas, él está  por encima de todos”, dijo.

Sostuvo  que  nadie tiene nada que probar en contra de la gestión de Sued.

El regidor  Nelson Carela (PRD) consideró que el síndico tiene que asumir la responsabilidad de sus actos, porque los regidores “nunca  hemos presionado para crear  una nómina social, si lo que  hicimos fue obligar al síndico a quitarla y lo logramos”.

Con relación  a los pases del Estadio Cibao, explicó que  fue el único regidor que se atrevió a devolverlos. Carela  hizo un llamado  a la Cámara de Cuentas, la Contraloría General   y  Hacienda, para que apliquen los correctivos de lugar y  las sanciones   correspondientes, para que en Santiago se puedan transparentar más los recursos del  cabildo.

Culpa de la ley

El director ejecutivo de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Víctor D’Aza, afirmó  que no tiene a mano el informe de la Cámara de Cuentas que revela la presunta existencia de una “nómina especial” en el Ayuntamiento del municipio de Santiago, pero admitió  que “ hay debilidades” en los ayuntamientos producto de la existencia de una nueva legislación que necesita de tiempo para que los síndicos la entiendan y apliquen mejor.

Auditorías superfluas

D’Aza consideró que si bien es cierto que los cabildos son las instituciones más fiscalizadas por la Cámara de Cuentas, la Contraloría General y otros organismos internos y  estatales, “no menos cierto es que esa supervisión es un poco superflua, no tan de cerca”. Estimó, además, que los partidos políticos “no han jugado su rol con responsabilidad porque las autoridades legislativas y municipales pertenecen a los partidos políticos”.  Dijo que Fedomu se reunirá mañana para ver la denuncia que hace la Cámara de Cuentas y ver de qué base parte para hacerlo.