En nuestro escrito titulado “la ética pública, eje fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho” concluimos que: “la ética en la administración pública entra en contexto con la consecución de la obligación del Estado Dominicano de propiciar las exigencias del artículo 7 de nuestra Constitución, consistente en: Un Estado Social y Democrático de Derecho”.
Motivado con este postulado es que estimamos pertinente abordar el régimen ético de los servidores públicos para el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que, la búsqueda de una mejor democracia, la administración pública y los niveles de legitimidad que confiere el buen gobierno están cimentados también, con las acciones u omisiones de los funcionarios públicos.
El régimen ético de los servidores públicos es considerado como el “conjunto de reglas y principios que establecen los deberes, prohibiciones e incompatibilidades a ser observados por los empleados estatales en el desempeño de sus funciones”. Esto contribuye a evitar “excesos en todas sus manifestaciones posibles para una efectiva administración de los servicios puestos a su cargo” (Gregorio Montero, régimen jurídico y profesionalización de los funcionarios públicos, 2011, p. 265).
La ética en la administración pública debe contribuir a hacer al servidor público cada día más sensible y eficiente, porque sus decisiones y ejecutorias deben de estar revestidas de dignidad.
Entendida la ética como “Ethos” y el conjunto ordenado de principios, valores y motivaciones de las prácticas humanas, personales y sociales, y puesto que involucra el carácter, el modo de ser de una persona o comunidad; referida, además como una reflexión filosófica sobre esa tendencia humana a comportarse de acuerdo a normas sustentadas en valores. La ética procura, además, que se revalorice la máxima realización humana por medio de la virtud, de la práctica del bien o realización de buenas obras.
En este sentido, podemos referir que la ética pública es la disciplina que estudia y analiza el perfil, la formación, el comportamiento responsable y comprometido de las personas que ejercen funciones públicas, además de promover valores de servicio público que contribuyen con la búsqueda del buen gobierno.
Esto se debe a que es evidente que las instituciones públicas están dirigidas por seres humanos, y que sus actuaciones vinculan la percepción que tiene la ciudadanía de las entidades públicas; es por esto que en la Ley de Función Pública y el Reglamento de Relaciones Laborales se configuran dentro del régimen ético los deberes de los servidores públicos, las prohibiciones e incompatibilidades, lo que predetermina la ética social, y los valores de una sociedad aplicados al ejercicio de la función pública.
En el ordenamiento constitucional propio del Estado social, el reconocimiento de que la persona tiene derechos implica que el Estado está en la obligación de realizarlos, y esto es imprescindible en la búsqueda de la dignidad humana, que el Estado propicie estos derechos, lo cual solo es posible con el ejercicio ético de la función pública al que nos hemos referido.
Además, es necesario la promoción de la ética en el servicio público para proseguir con el principio de transparencia como elemento esencial del buen funcionamiento del Estado; promoviendo un comportamiento responsable de los funcionarios y servidores públicos.
En este sentido, la ética pública adquiere dimensiones relevantes al construir una cultura de servicio público, haciendo de la transparencia una herramienta esencial en dicho proceso. No es posible hoy hablar de un gobierno transparente sin requerir una rendición de cuentas clara y precisa por parte de quienes laboran en la gestión pública.
Todo lo que hemos argumentado se enmarca dentro del fortalecimiento del Estado Social y Democrático del Derecho, ya que, la acción u omisión de los servidores públicos dentro de un régimen ético, es una necesidad latente, toda vez que quienes detentan el poder, para no incurrir en excesos deben tener mesura en sus actuaciones y humanidad en su responsabilidad.
Ahí es donde la ética juega un papel de equilibrio social, y la democracia continua siendo una actividad permanente que busca concretizar la aspiración fundamental de una sociedad moderna con un régimen ético que permite la concreción de los derechos humanos.