LA PAZ,  (AFP) – Cinco regiones bolivianas están enfrentadas nuevamente al presidente Evo Morales, que decidió reajustes de hasta el 23% en la distribución de los recursos provenientes de un impuesto a los hidrocarburos para garantizar una bonificación anual a los ancianos.

 Los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Pando y Beni, opositores a Morales, pidieron en una carta la reversión de la medida, mientras el gobierno citó para el lunes a una reunión de conciliación.

 Organizaciones civiles de Tarija, que concentra el 85% de la riqueza gasífera del país, igualmente opositoras a Morales, llamaron para el martes a una huelga regional.

 Según las autoridades de esa región la medida perjudicará a «más de 200 proyectos de inversión».

 Las protestas surgieron luego de que el gobierno decidió que a partir de octubre sea el Tesoro General de la Nación (TGN) que financie con los Impuestos Directos a los Hidrocarburos (IDH) un bono anual de 1.800 bolivianos (230 dólares) a los ancianos, denominado Bonosol y que se paga hace una década.

 Anteriormente el Bonosol se cubría con recursos del Fondo de Capitalización Colectiva, constituido por las utilidades de empresas capitalizadas, entre éstas las petroleras Transredes, Chaco y Andina, que desde mayo de 2006 pertenecen al Estado boliviano tras la nacionalización de los hidrocarburos.  El ministro de Hacienda, Luis Arce, consideró que «estos recursos (provenientes del gas) están distribuidos incorrectamente a las prefecturas, municipios, universidades y el Tesoro, desde la aplicación del IDH».

 La Federación de Asociaciones Municipales (FAM) dijo que este año las alcaldías de La Paz recibirán 23,3% menos, aunque advirtió que por un sistema de coparticipación tributaria fijado por el Ministerio de Hacienda los ingresos prácticamente quedarán equilibrados.