El registrador de Títulos, Wilson Gómez, dijo ayer que aunque un área sea declarada protegida hay derechos que les quedan conculcados a los propietarios, mientras el Estado paga a los titulados.

 Sin embargo, dijo que cuando el área es declarada protegida el Estado puede accionar de inmediato porque se trata de un interés general que se sobrepone al privado.

El funcionario ofreció la explicación al referirse a lo complejo que, asegura, es la situación que envuelve los terrenos de Brisas del Este, cuyos ocupantes  fueron desalojados recientemente.

“Esos documentos que están en el ámbito de esa parcela son derechos que se tienen, pero que están condicionados porque algunas son constancias anotadas que aunque se tiene derecho no se tiene establecido con precisión dónde están específicamente”, expresó Gómez.

Falta de autoridad.  Gómez resaltó que se trata de un problema grave que se permitió hace muchos años y hoy se ven las consecuencias.    “Si eso se hubiera enfrentado en su momento eso no llega a convertirse en un problema social grave”, subrayó Gómez.

Recordó que todas esas ocupaciones  se dan a partir de los años 70, cuando la política partidista  empieza a jugar su papel. “Comienzan a hacerse ofrecimientos, a permitirse cosas, a ser tolerantes a fin de presentarse con ribetes de popularidad”, indicó. Sobre los terrenos objeto de desalojo está fijado para el 3 de noviembre el conocimiento de un recurso de Amparo en que los accionantes buscan que se revierta la acción, amparados en que se realizó de manera irregular.

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Invasores armados

Gómez dijo que  en Santo Domingo existen muchísimas personas con sus títulos de propiedad legítimos que no pueden ni acercarse a sus propiedades porque han sido ocupadas por personas que las enfrentan hasta a tiros.

Indefensión

Explicó que muchos caen en indefensión porque aunque se les autorice un desalojo no tienen cómo tener vigilancia permanente.