La promulgación del Reglamento de aplicación de los capítulos II y III de la Ley 169-14 encontró ayer respaldo y rechazo por parte de representantes de la Iglesia Católica, de la sociedad civil, de juristas y legisladores.

Opinaron al respecto José Horacio Rodríguez, en representación del Centro Bonó; el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez; los senadores oficialistas Charlie Mariotti y Rubén Darío Cruz; el abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón, el diputado nacional por el Partido Revolucionario Dominicano Hugo Tolentino Dipp; el presidente de la Alianza por la Democracia (APD), Max Puig, y el arzobispo de Santiago, Ramón Benito de la Rosa y Carpio.

La Ley 169-14 establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritos irregularmente en el Registro Civil y sobre Naturalización. Rodríguez, encargado del departamento de Derechos Humanos del Centro Bonó, entiende que el decreto presidencial está totalmente apegado al espíritu de la Ley 169-14, que fue el resultado de un consenso político para buscarle una solución a un problema que ha gravitado en la vida nacional desde hace años.