ROSARIO ESPINAL
En la medida que las democracias latinoamericanas envejecen sin un adecuado nivel de institucionalización, surgen voces diversas que abogan por mayor regulación de las campañas electorales: su estilo, duración y costo. Resuenan los que claman por más discusión de temas importantes y menos insultos personales.

Pero resulta que en la actualidad no es común encontrar políticos con la formación necesaria para realizar estos debates, o si la tienen, saben que no gobernarán en función de los ideales democráticos. Prefieren por tanto el espectáculo mediático al raciocinio y la ética pública.

Sobre la duración de las campañas, las democracias electorales contemporáneas enfrentan una paradoja. La utopía democrática llevó a amplios sectores de la sociedad civil y medios opinantes a plantear que más elecciones producirían mejores democracias.

En consecuencia, se han realizado reformas electorales tendentes a separar las elecciones de las distintas instancias gubernativas, como sucedió en la República Dominicana en 1994. Por su parte, los partidos establecieron mecanismos de competitividad para elegir candidatos y así proyectar democracia interna.

Más aún, en su intento por demostrar fortaleza social, algunos partidos han abierto sus elecciones primarias a amplios segmentos de la población, como ocurrió recientemente en el PRD y PRSC. De esta manera, la elección de candidatos se ha convertido en certamen nacional. Como resultado, el calendario electoral se cargó y los costos de campañas aumentaron.

La celebración de tantas elecciones dificulta tanto la regulación del tiempo de campaña como la reducción de los gastos y la fiscalización.

Tan pronto termina una comienza la otra, fomentándose así una adicción electoral, sobre todo, entre activistas políticos y medios de comunicación, que se nutren de las constantes confrontaciones y el despilfarro de recursos.

Además, ¿cómo limitar el tiempo de campaña cuando los que están en el gobierno hacen proselitismo con sus obras? Cualquier intento de restricción sería rechazado por la oposición.

Con respecto al financiamiento de las campañas, la regulación es también difícil. El problema lo enfrentan todas las democracias, pero la situación es peor en aquellas con un bajo nivel de institucionalización y legalidad como la dominicana.

La Ley Electoral Dominicana 275 de 1997 estableció el financiamiento público de los partidos bajo el mismo argumento que en otros países: que el Estado garantizara la viabilidad financiera de las organizaciones partidarias para que no dependieran de grandes donantes privados que atan los políticos.

La intención es positiva, pero el objetivo de que los partidos representen a la población sólo se logra si el financiamiento privado se limita y el uso de los recursos se fiscaliza. En la República Dominicana no se hace una cosa ni la otra.

La Ley Electoral 275-97 estableció el financiamiento público pero no eliminó el financiamiento privado ni estableció sus límites. Tampoco indicó un mecanismo efectivo para fiscalizar el uso de los recursos públicos. De tal manera, desde 1998, los partidos políticos son las empresas mejor subsidiadas de la sociedad dominicana. Incluso los candidatos recaudan su propio dinero para las campañas al margen de los recursos que reciben sus organizaciones.

En la situación actual, partidos y candidatos se benefician ampliamente de financiamiento público sin fiscalización adecuada, de un ilimitado e irregulado financiamiento privado de fuentes lícitas e ilícitas, y del uso abusivo de los recursos del Estado cuando están en el poder.

Así, la política dominicana se ha convertido en una actividad muy lucrativa para amplios sectores.

Las elecciones como espectáculos mediáticos son indiscutiblemente caras. Dependen de la mercadotecnia: los asesores de imágenes, publicistas, consultores políticos, encuestas de opinión, uso de diversos medios de comunicación y comunicadores, vallas, manifestaciones masivas y fiestas para grupos específicos.

En este contexto político, los partidos y candidatos organizan sus maquinarias electorales para influir en los votantes, muchos de los cuales tienen opiniones cambiantes y baja lealtad partidaria.

Esta operación electoral ya no depende del trabajo voluntario de los simpatizantes de partidos, que en el pasado donaban su tiempo e incluso modestos recursos para la actividad proselitista.  

Ahora predominan los activistas políticos a sueldo que esperan recibir grandes comisiones para su propio beneficio y el de sus adeptos una vez accedan al poder en las distintas instancias del Estado.

Por eso, la tan cacareada descentralización política no ha tenido resultados particularmente favorables para la democracia o el bienestar social. Los políticos se comportan de manera similar en las instancias de gobierno nacional y local.

La regulación de las campañas es indiscutiblemente un tema atractivo para opinar y desata emociones políticas a favor o en contra. Incluso los políticos emiten declaraciones demagógicas para que se regulen.

Pero en la práctica es difícil lograrlo en contextos de escasa institucionalidad y legalidad como el dominicano, donde la democracia ha hecho de la política una de las vías accesibles a muchas personas de distintas clases sociales para mejorar su condición económica.