El movimiento cooperativista representa un sector pujante con indudable impacto social, sin embargo en los últimos años un grupo de cooperativas ha experimentado un crecimiento exponencial, a tal punto que algunas cuentan con un patrimonio superior a varios bancos múltiples, y esas cooperativas están haciendo intermediación financiera, es decir captan dinero del público y realizan préstamos, sin ningún tipo de regulación, pudiendo representar un riesgo sistémico para el propio sector y, lo que es peor, pueden prestarse a operaciones de lavado de activos.
Por esas razones durante meses la Administración Monetaria y Financiera trabajó en un anteproyecto para regular esas grandes cooperativas, fue conocido y aprobado por la Junta Monetaria el 9 de febrero de este año, remitido al Poder Ejecutivo, y establece que las pequeñas cooperativas serían reguladas por el IDECCOOP, pero las cooperativas que realizan intermediación financiera serían reguladas por la Administración Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos.
Justamente en febrero de este año el Poder Ejecutivo sometió ante el Senado de la República el proyecto de Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que establecía las cooperativas serían “sujetos obligados”, sin embargo el Senado, previa aprobación por parte de la Cámara de Diputados, convirtió en ley el proyecto, mantuvo las cooperativas como “sujetos obligados”, pero bajo la supervisión del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP). Es obvio que el IDECOOP carece de los recursos, humanos y financieros, así como la experiencia para supervisar las cooperativas de ahorros y préstamos.
Es necesario diferenciar las cooperativas agrícolas, las de mipymes, las de empleados, que cumplen una importante labor social e impulsa la asociatividad; estas pueden ser perfectamente ser supervisadas por el Idecoop, pero en el caso de las cooperativas de ahorros y préstamos necesariamente deben ser reguladas y supervisadas como lo que son, entidades de intermediación financiera, que incluso le hacen una competencia desleal al sector financiero que debe cumplir con un encaje legal, provisiones y cumplir una serie de normas, incluyendo gobierno corporativo y toda lo relativo a la Ley de Lavado de Activos.
Esas cooperativas representan sujetos potenciales para el lavado de activos, además como captan recursos del público deben cumplir con todas las regulaciones y normas que cumplen las entidades financieras como las corporaciones de crédito, los bancos de ahorros y préstamos, los bancos múltiples y las asociaciones de ahorros y préstamos. Una quiebra de una gran cooperativa podría colocar en riesgo sistémico el resto del sector e incluso afectar el sector financiero.
El anteproyecto preparado por la Administración Monetaria y Financiera nunca fue sometido al Congreso, tenemos entendido que instancias del Poder Ejecutivo han preparado otro anteproyecto dirigido a regular las cooperativas de ahorros y préstamos. En lo personal desconozco el contenido de dicho anteproyecto; se supone contenga regulaciones para las cooperativas de ahorros y préstamos similares a las que cumple el sector financiero y que el ente supervisor, sea la Superintendencia de Bancos u otro organismo, que cuente con los recursos humanos, capaces y experimentados, para supervisar adecuadamente estas cooperativas que están operando como instituciones financieras al margen de la Ley Monetaria y Financiera.