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Al ampliar mediante sentencia el derecho a presentar candidaturas a todos los niveles de elección al margen de los partidos políticos, el Tribunal Constitucional eliminó restricciones a la facultad de los ciudadanos a elegir y ser elegidos indicando en principio, y en dispositivos de su resolución, el esquema legal a seguir para hacer valer su fallo TC-0788/2024. Por este contenido, que parece ir más allá de legitimar postulaciones extrapartidarias, surgieron serias preocupaciones de que por la brecha abierta con aparente licitud aparecieran para futuras citas con las urnas pretensiones de alcanzar cuotas de poder escapadas de las convencionales exigencias que rigen para las organizaciones reconocidas obligadas a ser transparentes sobre la procedencia de los recursos a emplear en la promoción de aspiraciones y a certificar con minuciosidad su vigencia territorial y la idoneidad y suficiencia de seguidores y dirigentes intachables. Está claro que el vacío de normativas en la resolución de la alta corte debe ser llenado mediante un proyecto de ley llevado al Congreso Nacional por la Junta Central Electoral, competente para ello. Una legislación que equipare en requisitos a cumplir por los partidos del sistema y entes de nuevo cuño.
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Más aun, al reclamar reglas igualitarias para las justas, la entidad Participación Ciudadana propone un régimen legal común para que los independientes tengan acceso al financiamiento público estatuido a entes partidarios que en cadas elecciones deben alcanzar caudales mínimos de sufragios para conservar el acceso. Siguiendo la línea originalmente trazada por el TC existe el riesgo de generar una masiva concurrencia no calificada por ausencia de filtros institucionales previos a los certámenes democráticos. Aun con los controles existentes para cerrar el paso a candidatos de abundantes recursos cuyos orígenes no pudieran justificar, en más de una ocasión la justicia ha pedido cuentas a ganadores de escaños legislativos. Otros han sido cuestionados sobre sus bienes aunque no fueran encausados por insuficiencia de pruebas; y en algunos otros casos han salido a relucir significativos conflictos de intereses entre investiduras congresuales y desempeños particulares de dudas razonables.
