FABIO R. HERRERA-MINIÑO
Como una herencia que se arrastra desde el inicio de la década del 1960, cuando el país supuestamente se liberó de la férrea dictadura de Trujillo, ha quedado como un lastre la pertinaz acción de los burócratas enquistados en todos los estamentos oficiales, civiles y militares, para hacerle la vida miserable a todos los ciudadanos que caen bajo las garras de esos funcionarios.

Los legisladores y los ejecutivos de cada ocasión, se han empeñado en dificultarle la vida a todos, y en un rosario de leyes, decretos y regulaciones, se les imponen cada vez más dificultades a todos, de manera que nadie sabe con qué se encontrará al salir a la calle o permanecer en sus hogares a la espera de que le lleguen nuevas cargas, impuestos y dictámenes oficiales, buscando en primer lugar, exprimirle el más mínimo centavo a los que tienen que pagar para hacerle la vida más placentera a la burocracia inoperante de cada gobierno que hemos tenido en los pasados 45 años.

Y la inoperancia de la burocracia, pese a tantas regulaciones y ordenanzas, se pone de manifiesto en el deterioro acelerado e imparable de todas las obras públicas, en que nadie se ocupa de proporcionarle el adecuado mantenimiento preventivo. Así vemos cómo se anuncia que el Acuario Nacional será rescatado de su estado de abandono, después que tal cosa fuera denunciado por El Día, revelando y confirmando que la burocracia sólo se despierta cuando denuncian sus abandonos por las obras que supuestamente deberían mantener en óptimas condiciones de utilidad.

De ahí que las carreteras, caminos vecinales, acueductos, escuelas, hospitales, etc. deben ser descontinuadas para entonces construir nuevas estructuras, ya que eso deja más beneficios a los políticos y sus contratistas, en lugar de destinar pequeñas sumas para el mantenimiento preventivo de las obras públicas.

Y las regulaciones, como se quejara con resignación Adriano Miguel Tejada en Diario Libre, entorpecen todas las actividades privadas ya que no hay un ser más adicto a las mismas que un funcionario público, pues de esa forma quieren demostrar un poder que solo pueden exhibir por el desempeño de un cargo y se esmeran en obstaculizar cualquier actividad, cosa que se agrava cuando se trata de inversionistas, en que por lo general, subyace como una condición indispensable para acelerar los trámites, la entrega de una jugosa comisión que beneficia a los bolsillos de funcionarios y dirigentes que detentan el poder de turno.

Esas regulaciones, que le otorgan tanto poder a los funcionarios, se manifiestan en menor escala a lo que ocurre en el tránsito con los policías asediando a los choferes y más ahora que la AMET ostenta tanto poder discrecional que constituyen una amenaza por las arbitrariedades en donde aquella frase de “que la guardia lee como quiera” es una sentencia que le aplican a todo los conductores, con tal de atraparlos en falta y hacerle la vida imposible para cuando tiene que ir al tribunal de tránsito y luego al canódromo a recuperar su vehículo o una motocicleta.

Las regulaciones y las arbitrariedades de los funcionarios, por sus interpretaciones antojadizas de las leyes, decretos y regulaciones las acomodan a sus intereses se unen al rosario de calamidades que nos afectan, en donde el auge de la delincuencia, del narcotráfico, el abandono de las obras públicas, los apagones, etc., atacan por todos lados a la ciudadanía que no ha tenido la suerte de ostentar una posición pública, que a muchos les compensa tantas precariedades externas, gracias al disfrute de un buen cargo con acceso a buscar y a recibir dádivas, que les permite ignorar las angustias y padecimientos que sufre la atormentada ciudadanía.

Esta es una sociedad saturada por disposiciones legales que emiten en cada ocasión los gobiernos de turno. El propósito es hacer que las actividades privadas no puedan desarrollarse sin tropiezos y en donde el objetivo es crear las condiciones de que los afectados, que buscan resolver sus asuntos en una oficina pública, deben recurrir al soborno para salir airosos del contacto con los burócratas. La peor parte las llevan las inversiones extranjeras, que por las vías más curiosas, los inversionistas resuelven los problemas de los obstáculos burocráticos de forma muy especial que no puedan ser señalados en sus países, celosos con eso de la corrupción, de que aquí han tenido que recurrir a tales prácticas, para ver cristalizar sus inversiones ya sea en una empresa industrial o en un hotel de turismo, en que los inversionistas españoles tienen la mejor experiencia de sus vidas para divulgar de cómo pudieron penetrar la madeja de los obstáculos que establece en su afán por enriquecerse a costa del extranjero, la burocracia criolla.