VÍCTOR GULÍAS
El Gobierno dominicano, a través de la Dirección General de Tránsito Terrestre, Impuestos Internos, AMET, Policía Nacional y OTTT, debería emprender un amplio y abarcador proyecto tendente a exigir de motociclistas y pasoleros, que se doten de matrículas, licencia de conducir, seguros y demás documentos legales que prueben la propiedad de dichos medios de transporte.

Igualmente, exigir que cuando se venda, ceda o traspasen las motocicletas y las pasolas, hacerlo por la vía legal. No podemos seguir con un parque de este tipo de vehículos, calculado en más del millón de unidades, sin papeles, sin regulación, sin identificación, lo cuál facilita que desde motores y pasolas, se cometan todo tipo de desmanes.

Para facilitar la reglamentación de motores, hay que tomar en cuenta que son millares los dominicanos humildes que se ganan honradamente la vida gracias a ese medio de transporte, ya sea motoconchando, siendo mensajeros, y de muchas buenas maneras adicionales, por lo que hay que fijar tarifas totalmente razonables para este proceso.

De todos modos, como pasan del millón las motocicletas, el Estado recaudaría elevados ingresos y, a la vez, llevaría orden y legalidad a ese importante sector del transporte nacional.

Alienta la delincuencia y genera impunidad ver transitar por calles, avenidas, campos y ciudades, miles de motocicletas y pasolas, sin placas, sus conductores sin la debida matrícula sin el seguro de ley y sin cascos protectores. Ello, repetimos, debe ser corregido de una vez por todas, sin atropellos, sin abusar del bolsillo de los propietarios, con orden, agilidad, rapidez y buena gestión.

Siendo el oficio del motoconcho una innegable realidad en el país, debido al gran desempleo que nos abate, es pues necesario regular la documentación y la identificación de quienes dedican sus vehículos a esa labor. Sería, en consecuencia, provechoso para el fisco, beneficioso para los usuarios por su seguridad y también útil para el propietario que andaría en regla.

Ese programa de documentación de motociclistas y pasoleros, debería implementarse de inmediato, sobre todo por que pasaron las elecciones y no hay en lo inmediato costo político que pagar por una medida que si bien debería ser rutinaria en cualquier país del mundo, en el nuestro, por el desorden en que se vive, genera disgustos por más barato que cueste el servicio y por más ágil que resulte el trámite de legalización. Si queremos combatir la delincuencia que utiliza esos medios de transporte, si deseamos organizar un poco el tránsito vehicular y recaudar más impuestos, se debe iniciar el Plan Nacional de Documentación de Motocicletas y Pasolas.