De la firmeza, sentido de justicia y creatividad de autoridades con funciones en las áreas de la Salud, Seguridad Social y Comercio dependerá mucho que los ciudadanos, asegurados o no, dispongan de acceso a precios justos y amplia gama de los medicamentos que necesitan para conjurar enfermedades y preservar vidas. La distribución subsidiada de fármacos disponibles para familias de más bajos recursos vale como conquista social pero es imprescindible llegar más allá evitando abusos de precios en el ámbito farmacéutico privado, el que además debe desenvolverse bajo reglas de equidad. El boticario de pequeño o mediano capital no debe estar reducido en sus posibilidades de relaciones con el público por la incidencia de las grandes farmacias.

Las farmacias de baja escala existen por iniciativas legítimas y deben estar amparadas por leyes y resoluciones que les eviten perjuicios por la competencia de entidades similares pero de mucho más recursos. Para el renglón de los medicamentos, como para otros de la economía, deben regir normas establecidas desde el Estado para contraponerse a supremacías de laboratorios y comercializadores. En todos los casos la intermediación tiene que someterse a reglas contra predominios que coloquen en pocas manos la fijación de precios que en muchos casos llegan a los canales de distribución encarecidos por fabricantes locales que escapan a controles.

En respaldo a la JCE

Las funciones, que en ocasiones llegan a ser cruciales, de la Junta Central Electoral, se acrecientan en importancia en la medida en que la discordancia de dirigencias partidarias metidas en la cerrazón de sus criterios, sigue impidiendo que el sistema de elecciones esté regido por leyes nuevas, actualizadas y en capacidad de corregir distorsiones que confieren ventajas a los aspirantes de más dinero y poder. Existe desde lo constitucional una discrecionalidad en materia electoral para el organismo que organiza, configura y dirige las consultas llevadas a complicaciones por la simultaneidad de lo presidencial, congresual y municipal. Esa Junta Central Electoral que inspira confianza por lo visto hasta ahora, debe ejercer sus facultades, y llenar el vacío torpemente creado, con el invencible respaldo de la sociedad, perjudicada por políticos.