PELEGRÍN CASTILLO SEMÁN
1) Durante la fase de registro es preciso que se extremen los controles en frontera para evitar un incremento súbito o de consideración en los flujos migratorios.

También es importante realizar operativos de repatriación, enérgicos y efectivos previos a la fase de registro, para enviar una señal convincente de la determinación de poner orden en materia migratoria.

2) Emprender una campaña por distintos medios de comunicación, invitando a todos los extranjeros con status migratorio irregular, a escoger una de las siguientes opciones:

a) Solicitar su repatriación ordenada a su país de origen para lo cual contarán con la asistencia oficial del Estado; b) Registrarse en los centros habilitados para estos fines dentro de los cuatro meses de iniciado el plan de regularización.

3) La campaña invitando al registro debe realizarse en distintos idiomas, e indicar claramente que el registro sólo otorga el derecho a que se analice la situación de cada persona y/o cada grupo familiar registrado, en forma individualizada, con el objeto de regularizar su situación migratoria, en una de las categorías contempladas en la ley o dentro del programa de repatriaciones. Mientras dure ese proceso se le asignará un estatus provisional.

4) El registro debe contemplar el suministro de información, relativa al tiempo de permanencia en el país, condiciones de ingreso, grado y tipo de inserción en la sociedad, condiciones personales y laborales, conocimiento de idioma, historia y cultura nacionales, situación de salud, cargas familiares en el país y en el exterior, referencias personales y laborales, relación patrimonial etc. Estas informaciones deben verificarse o comprobarse mediante pruebas e investigaciones. Este registro se hará tomando los datos biométricos del solicitante y sus familiares, así como las correspondientes pruebas sanitarias.

5) Debe advertirse a todos los extranjeros que, al concluir el plazo de registro, aquellos que no se hayan acogido a las opciones antes planteadas serán objeto de expulsión del territorio nacional. También debe quedar claro que el registro tampoco otorga necesariamente derecho a permanencia.

6) La campaña de regularización debe invitar a los extranjeros que posean documentos oficiales dominicanos en forma ilícita (acta de nacimiento, cédula de identidad y electoral, pasaportes, licencias) a entregarlos sin consecuencias penales. A este respecto, se precisará de una ley de amnistía y de una profunda depuración del registro electoral y de las oficialías de estado civil. Dicha amnistía no debe favorecer a los oficiales públicos y ciudadanos dominicanos que hayan emitido fraudulentamente esos documentos.

7) Es importante que el plan de registro contemple una cifra máxima de los extranjeros que pueden ser objeto de regularización en cada categoría. Todos aquellos que por su larga presencia y su alto grado de integración, obtengan la condición de residentes permanentes, y que voluntariamente deseen obtener la nacionalidad dominicana, tendrán abiertas las vías de la naturalización ordinaria.

Para esto será preciso una legislación especial que lo facilite, que en todo caso, debe evitar otorgar la nacionalidad a aquellos que carezcan de un grado adecuado de integración a la sociedad y cultura dominicana.

8) El proceso de regularización de los extranjeros deberá realizarse en las gobernaciones provinciales y otras edificaciones públicas habilitadas para esos fines, y deberá contar con la observación de representantes de los partidos políticos, la sociedad civil y las universidades. Debe promoverse un fuerte compromiso, especialmente de todos los partidos políticos, para eliminar el voto regular de los haitianos en los procesos comiciales, algo, que históricamente, ha constituido una de las causas de la indefinición y la debilidad de las políticas públicas frente a la cuestión haitiana. Asimismo, debe modificarse cuanto antes el artículo 84 de la Constitución para eliminar el derecho de los residentes a cargos electivos municipales.

9) Esta campaña de regularización sólo tendrá sentido si se reestablece el cruce de huellas dactilares en el sistema operativo de la Junta Central Electoral, así como si se adopta el sistema de identificación biométrica a partir de los rasgos faciales, tanto para dominicanos como para extranjeros lo que resultaría muy útil en la lucha contra la criminalidad. Es indispensable impulsar una política de seguridad en frontera con la Creación de una Brigada de Frontera, del Ejército Nacional, así como la adopción de tecnologías de control y comunicación en frontera, empezando por los pasos fronterizos. En otro orden, las políticas de migración tienen que ser congruentes con las políticas laborales, sanitarias, y de nacionalidad.

10) Cuando los extranjeros contemplados en el plan de regularización excedan el número de 250 mil, se organizará un plan de repatriación ordenada y gradual, hacia sus países de origen, de conformidad con las normativas internacionales vigentes. No debemos olvidar que la política migratoria debe respaldar fuertemente la política exterior del país: Si queremos lograr un compromiso de la Comunidad Internacional con la reconstrucción de Haití en Haití, debemos demostrar que no hay solución dominicana a los problemas haitianos. En ese sentido, los haitianos que han ingresado o permanecido ilegalmente, después de la caída del primer gobierno del Presidente Aristide en 1991 -o mejor aún, después de la caída de la Dictadura de Los Duvalier en 1987- deben regularizarse para el cumplimiento del antes señalado programa de repatriación ordenada y gradual. El mensaje que se enviaría al mundo debe ser claro: No aceptar solución dominicana a los problemas haitianos, ni mucho menos la constitución de una minoría nacional -jurídicamente dominicana, culturalmente haitiana- que atente contra la integridad y la soberanía de la República, o que provoque un conflicto de índole balcánico.