PEDRO GIL ITURBIDES
La cárcel no puede ser fragua de maleantes. Concebida para reorientar voluntades desordenadas, su existencia compromete muy seriamente al Poder Judicial. Este Poder del Estado está llamado a ser guardián de las leyes de que se dota la comunidad política, para que los miembros de la comunidad civil convivan en armonía social. El objetivo de las leyes punitivas se dirige a ofrecer una satisfacción a la sociedad, ofendida cuando se contravienen esas normas de convivencia. Tales normas se sustentan en una variada legislación de conocimiento y aceptación común.

Pero un propósito recóndito de esta ley es lograr que quien trasgredió las normas de convivencia, se reintegre a la sociedad, con disposición de respeto hacia el prójimo. Por ello, el castigo no puede implicar degradación para el faltante. Fuere cual fuere la pena, la doctrina prevaleciente apunta a respetar la dignidad del trasgresor. Más ello no implica que se le ofrezca un lecho de rosas, y que una obscena laxitud le permita continuar una vida de contradicción con el acto social.

Fuere que la pena imponga un trabajo social determinado, una satisfacción pecuniaria a los afectados directos por un determinado delito o crimen, o el encierro, ha de procurarse el cambio de la conducta. Ello no ocurrirá jamás si el condenado puede disponer a su antojo del cumplimiento de la pena impuesta. O si, desde prisión, puede seguir siendo fulano de horca y cuchillo, u ocasional instrumento de los llamados a ser sus vigilantes.

La ley tanto como la cárcel tienen que contener la severidad propia de la restitución al daño. Conductas distinguidas por determinadas formas de disgregación de la personalidad no pueden juzgarse y aún menos tratarse a partir de circunstancias atenuantes. Reincidencias enfermizas tienen que recibir el tratamiento que una indoblegable voluntariedad implica.

Escurridizos comportamientos proclives a generar el caos social, claman por penas que permitan el triunfo del respeto mutuo a bienes y personas. En fin, que las penitenciarías están llamadas a enderezar al que creció torcido, y no a retorcer al reo. Fray Arístides Jiménez Richardson, que durante años ha trabajado para la Pastoral Penitenciaria, es de los que cree que nuestro sistema carcelario no endereza a nadie. Lugares propicios al narcotráfico, antros de corrupción, adecuados a la propagación de enfermedades infectocontagiosas, son estos centros carcelarios. Al decir del sacerdote. Y quedó corto en su apreciación. Basta recordar quiénes ejecutaron el asesinato del Senador Darío Gómez, para describir una cárcel dominicana.

Pero ello debe cambiar. Y el cambio tiene que comenzar, como hemos señalado, por la definición de los objetivos del sistema. Pero el sistema carcelario no comienza en las puertas de las celdas. Ni siquiera en las oficinas de los Alcaldes, ni con el trabajo de los guardianes. Ni con el equívoco papel de los prebostes en estos recintos de humillante y degradante subsistencia para quienes son encerrados en ellos.

El sistema comienza con las estructuras que crea el procomún para defenderse de los bandoleros, sigue por los tribunales y concluye en la cárcel. Si el Gobierno Dominicano exhibe indolencia ante los hechos execrables, el objetivo de la defensa social se cae. Y las perturbaciones crecen hasta llegar a los extremos, inauditos sin duda, en que hemos caído por estos años. El trazo de una meta de tranquilidad, intrínseca a la organización social, tiene que comenzar por tanto en las estructuras del Poder Político.

De otro modo, nuestras penitenciarías continuarán siendo lugar en que se fomenta la depravación de la voluntad de cuantos a ellas llegan.

Si prevalece la idea de que estas instituciones son tristes lugares para separar momentáneamente al que delinque, primará el panorama que denuncia el religioso. Si, por el contrario, como debía ser el objetivo social, deseamos rehabilitar a quienes contravienen en mayor o menor grado la ley, tenemos que asumir criterios distintos a los que se han asumido hasta hoy. Y esos criterios, ese objetivo, no es obra de quienes manejan las cárceles, sino del Gobierno Dominicano.