Nuestro sistema de salud necesita una reingeniería a fondo. La falta de  especialidades médicas en hospitales del interior motiva un alto número de  referimientos hacia centros de las principales ciudades, que pudieran evitarse. Y la falta de ambulancias hace que el 90 por ciento de los traslados de pacientes referidos se realicen en medios inadecuados. A mayo de 2008 solo el 10 por ciento de esos traslados se hacía en ambulancias, y esa situación ha cambiado muy poco.

El país necesita integrar una red de por lo menos 200 ambulancias distribuidas estratégicamente. Actualmente, la mayoría de los hospitales carece de estos vehículos. Es necesario dotar los hospitales a nivel nacional de las especialidades cuyos servicios son los más  demandados, de manera que se reduzca la necesidad de referimientos. También hay que revisar los protocolos que deben ser cumplidos antes de disponer el traslado de un paciente. La red de comunicación entre los hospitales no debe estar limitada al servicio telefónico regular.

Ahora que el país se apresta a instalar el servicio 911 de llamadas de emergencia, es propicio recordar que el sistema de salud necesita ser actualizado para dar respuestas adecuadas y rápidas a la demanda de servicios. Hay que mejorar la distribución de las especialidades  para reducir en lo posible los riesgos de los referimientos.

Enfermos por exceso de ruidos

Los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública deberían tomarse muy en serio la responsabilidad que tienen de controlar la contaminación por ruidos como causa de atrofia del oído y trastornos del sistema nervioso. Los resultados de numerosos estudios concluyen en que nuestras ciudades, con la capital en primer orden, generan niveles de ruido perjudiciales para la salud en sentido general.

La más reciente advertencia sobre los peligros del exceso de ruidos la hace la  Sociedad Dominicana de Otorrinolaringología, al afirmar que la contaminación  sónica a que estamos sometidos determinará un aumento de las enfermedades auditivas en los próximos años. Las autoridades ambientales y sanitarias están en el deber de aplicar normas para disminuir los niveles de ruido y prevenir de esa manera los perjuicios que ese tipo de contaminación provoca en la salud.