Hoy 
El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) condenó ayer los intentos del gobierno y de los legisladores oficialistas de cambiar la Ley Electoral a pesar del rechazo de la opinión pública nacional.
La Décima Asamblea General Ordinaria de Participación Ciudadana, celebrada ayer en la capital, aprobó un documento en el que ratifica su oposición a la llamada Ley de Lemas o Ley de Voto Preferencial Presidencial, por considerarla inconstitucional e instó a los jueces de la Junta Central Electoral (JCE) a que se pronuncien contra las pretensiones de modificar la Ley Electoral, «por ser perturbadoras» del proceso para los comicios de mayo.
Miriam Díaz, coordinadora general la entidad, rindió un informe a la asamblea sobre las actividades desarrolladas por la organización en el último año y dijo que si bien ahora tienen más experiencia y respaldo que antes, también se enfrentan a una clase política en franco proceso degenerativo y a instituciones débiles.
En el evento se eligieron ocho nuevos miembros del Consejo Nacional de la entidad que son Rafael Toribio, Juan Bolívar Díaz, Ramón Tejada Holguín, Luis Schecker Ortiz, Vilma Arbaje, Samir Chami Isa, Oscar Grullón y Luis Valerio.
La Asamblea ratificó la decisión de elevar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, en caso de que finalmente el proyecto sea convertido en Ley.
Asimismo, considera urgente superar la crisis que ha emergido en la Suprema Corte de Justicia, cuyo presidente, Jorge Subero Isa, amenazó con renunciar.
Llamó a los jueces de la Suprema Corte a fortalecer la unidad de ese organismo como forma de enfrentar las amenazas que se ciernen sobre la independencia del Poder Judicial.
La entidad formuló un llamado a todos los sectores políticos y sociales para que aúnen esfuerzos por el fortalecimiento del sistema electoral, para que los próximos comicios sean un nuevo eslabón en el proceso de fortalecimiento democrático que ha vivido la nación en los últimos diez años.
La asamblea también solicitó al presidente Hipólito Mejía, tomar medidas eficaces para detener y revertir el grave deterioro de la economía «que ha reducido el poder adquisitivo del peso dominicano, empobreciendo de forma dramática a los sectores medios y populares».
Además, el movimiento cívico externó su preocupación por el deterioro de la seguridad y los derechos ciudadanos y subrayó, en otro orden, que durante el 2003, al menos 200 personas perdieron la vida y aproximadamente 30 jóvenes quedaron mutilados por la acción de policías que actúan al margen de la ley.
Invitó a las entidades sociales a fortalecer la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, como mecanismo idóneo para contribuir al fortalecimiento de la democracia dominicana.
La Décima Asamblea de Participación Ciudadana fue celebrada en el Convento de los Dominicos y a la misma asistieron más de 150 miembros de la organización de todo el país.
