POR EVARISTO RUBENS Y ROSA ALCÁNTARA
La secretaría de Agricultura informó ayer que por lo menos 55 de 200 invernaderos que el gobierno adquirió en España por US$36 millones fueron distribuidos entre ex funcionarios de la pasada administración y los acusó de violar el Código Penal y el reglamento de la Ley del Servicio y Carrera Administrativa.

En rueda de prensa el subsecretario y director del Programa de Mercadeo y Frigoríficos (Promefrín), Eusebio Guzmán, dijo que con invernaderos fueron beneficiados un hermano y amigos del ex secretario de Agricultura, Eligio Jáquez, a quien emplazó a dar las explicaciones.   

En tanto, Jáquez afirmó ayer que funcionarios del actual gobierno fueron también beneficiados con asignaciones de invernaderos, aunque no los identificó.

Dijo que técnicos agropecuarios y productores agrícolas con más de 25 años en la administración pública que se retiraron recibieron un financiamiento del Banco Agrícola para adquirir uno de los 200 invernaderos que asignó.

«Lo único realista que ellos vieron y no presentaron fue una relación de actuales funcionarios del actual gobierno que también fueron beneficiados con las asignaciones de nosotros», indicó Jáquez.

Guzmán, a su vez, dijo que entre los beneficiados está Efigenio Jáquez, hermano de Eligio Jáquez; José Fabelo, ex secretario de Agricultura; Carlos Báez y Sergio Uribe, ex directores de Promefrín, y Leonidas Batista, ex director del Consejo Dominicano del Café (Codocafé).

También Andrés Rafael Escarramán, ex subsecretario de Medio Ambiente; José Rafael Escarramán, ex asistente de la Escuela Nacional Forestal; Ramón Ureña Torres, supervisor de la subsecretaría de Medio Ambiente, y Leovigildo Bello Guerrero, ex gobernador de San José de Ocoa. 

Además Pedro Francisco Pantaleón, ex ayudante civil del Presidente; Luis González Fabra, ex director de Información y Prensa de la Presidencia; Rafael Ortiz Quezada, ex subsecretario de Investigación de Agricultura; Nelson García, ex subsecretario Administrativo de ese mismo departamento, y su asistente Enércida Milagros Rosa Abreu, así como Nelson Rafael Bello Grullón.

Otros beneficiados son Francisco Alberto Collado Hernández, director de Agricultura en La Vega; Julio Alejandro Trinidad, ex asesor Agrícola del poder Ejecutivo; Víctor Antonio Ramírez, quien ocupó ese mismo cargo, y José Elías Quezada Ortiz, síndico de Constanza.

También los diputados Eulalio Ramírez, de San Juan, y Marcelino Domínguez Abreu, de Jarabacoa, así como los regidores Ángel Tavárez y Fabio Collado Gutiérrez, de Jarabacoa, y Francisco Alberto Collado, director de Agricultura en La Vega.

Guzmán que corregirán “las anomalías que hemos detectado en la ejecución de estos proyectos y damos garantía a la opinión pública y al país en general, que actuaremos apegados a las leyes en defensa de los mejores intereses del pueblo dominicano, dispuestos a llevar nuestras acciones hasta las últimas consecuencias, cumpliendo con nuestras obligaciones de servidores públicos».

El director de Promefrin indicó que tal como denunciaron recientemente productores de vegetales de Constanza, San José de Ocoa, Jarabacoa y Villa Trina, se cometió una gran injusticia durante la gestión de Jáquez al distribuir los equipos entre antiguos funcionarios del gobierno del Proyecto Presidencial Hipólito (PPH).

Guzmán calificó de infortunadas y carnavalescas las declaraciones de Jáquez y consideró que el proyecto de invernaderos «es el mejor ejemplo de desorden, anarquía y falta de seriedad con la que manejó la cosa públicas la pasada administración de gobierno del PRD (Partido Revolucionario Dominicano)”.

Dijo que «convirtieron en una vergüenza nacional un proyecto que se pagará con el sudor del pueblo dominicano para repartirse los invernaderos sin el mayor reparo, dándose el caso de que existen tres y cuatro beneficiarios de una misma familia y en otros se valieron de testaferros porque los favorecidos no son capaces de dar la cara ante el país».

Señaló que cada invernadero cuesta US$180,000 además de que «tienen un subsidio del Estado dominicano equivalente a US$112,500 por estructura”.

Agregó que eso significa que el Estado dio a ese proyecto un subsidio de RD$675 millones.

El proyecto fue enviado por el poder Ejecutivo al Senado el 18 de abril y la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Cámara lo recibió el 24 del mismo mes y recomendó aprobarlo de inmediato. El Senado lo aprobó el 11 de julio, en la misma sesión que refrendó la emisión de US$500 millones en bonos soberanos. La Cámara de Diputados lo aprobó el 26 de julio del 2001.