Por Llennis Jiménez
El Comité para la Defensa del Parque Mirador Norte alegó ayer que el cementerio Jardín Memorial se construye en terreno del parque en base a un contrato de concesión autorizado por el secretario de la Presidencia, Sergio Grullón, quien también preside el patronato del Parque.

Ángel Gomera, presidente del comité, y los miembros Ramón Cáceres, José Fortunato y Yoel Pérez, alegaron en una carta que enviaron al Procurador de Medio Ambiente que el administrador del Parque, Alejandro Tavárez Hernández, confirmó que el cementerio se encuentra dentro del área del parque establecido en los decretos 207-02 y 1130-03.

En la carta al procurador para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, José Antonio Trinidad Sena, explicaron que Tavárez Hernández, emitió una certificación en ese sentido el pasado día tres de marzo.

La comunicación de Tavárez Hernández, quien además es el secretario del Patronato del parque, copia de la cual le fue entregada a este diario, comienza diciendo: «Por medio de la presente certificamos y damos fe, que la construcción del Cementerio Jardín Memorial, ubicada en la margen izquierda de la avenida Jacobo Magluta, se encuentra ubicada dentro de los terrenos ampliación del Parque».

Agrega que la certificación se expide por solicitud de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente, de acuerdo al oficio número 2004217 del día primero de marzo de este año.

Cáceres, miembro del Comité por la Asociación de Vecinos de Cuesta Brava, dijo que la propiedad cedida a los constructores del cementerio le había sido anexada al parque mediante decreto del Poder Ejecutivo 207-02.

Manifestó que la instalación de ese camposanto viola el decreto 183-93, que creó el Cinturón Verde, así como la Ley de Parques #67, el artículo 110 de la Constitución que obliga a llegar las concesiones de obras al Congreso y la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que este conjunto de legislaciones establece que los parques solo pueden ser reducidos por el Congreso Nacional.

«Si los terrenos fueron declarados parque ahora no pueden destinarse para cementerio», dijo.

Negó que los terrenos sean propiedad de la familia Lebrón, como asegura el ingeniero contratista y codueño de la obra, Armando Armenteros.

Explicó que los terrenos que usa el cementerio le fueron donados al Estado por sus propietarias María del Carmen González de Pérez y Margarita Amelia González, quienes renunciaron a cualquier reclamación frente al Estado por concepto de indemnización, al promulgarse los decretos 207-02 y 1130-03 que declaraba el lugar de utilidad pública y que pasó al parque 110 hectáreas.

Dijo que a cambio, a las hermanas González «se les permitirá desarrollar el cementerio» en una negociación tripartita del Patronato, los promotores del proyecto y las ex propietarios de los terrenos.

Asimismo, Cáceres sostuvo que Grullón entregó el contrato de concesión a la empresa promotora del cementerio de manera «irregular» a cambio de una donación de RD$250,000 para Patronato del Parque, como figura en la cláusula del contrato suscrito el 17 de diciembre del 2003.

Afirmó que Grullón posibilitó el negocio y los dueños del proyecto se sienten muy amparados por un poder que los protege.

Dijo que tienen meses tratando de lograr una repuesta de las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente, pero han mantenido silencio sepulcral y tampoco los han recibido en sus oficinas.

De su lado, Gomera rechazó que se oponga a la construcción del cementerio Jardín Memorial por responder a intereses de otros constructores de obras similares, como consideró el ingeniero Armenteros, y consideró que son términos de difamatorios.

También negó que laborada para la secretaría de Medio Ambiente y que fuera cancelado, como dijo Armenteros.

Asimismo, criticó que Armenteros planteara que el Comité para la Defensa del Parque Nacional Mirador Norte no existe.

Explicó que esa entidad fue conformada este año tan pronto se enteraron de que se pretendía hacer con el parque y las forman 24 organizaciones que ya sometieron un recurso de institucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia solicitando que se declare nulo el decreto que posibilita la construcción del camposanto.

Gomera, quien es juez de la Junta Electoral de Santo Domingo, dijo que luchan contra ese proyecto porque ya está la muestra de la tala de árboles que han sido destruidos en el área.

Rechazó que se oponga a la obra por el interés particular y que lo hace por el respeto que le tiene la comunidad.

Dijo que otras 45 entidades, ambientalistas, políticos peledeístas y hasta el sacerdote de la zona han manifestado que el cementerio es ilegal.

«Lo que se quiere es descalificarnos como forma de llamar la atención. Ese cementerio ha sido otorgado a través de actos administrativos irregulares y eso lo podemos demostrar,» dijo.

Mientras que Fortunato, regidor peledeísta en Santo Domingo Norte, dijo que no tiene conocimiento de que la Sala Capitular de esa demarcación concediera uso de suelo para la construcción del cementerio y sostuvo que la resolución municipal número 76-03,  con la que se habrían dado los permisos, se elaboró sin la firma de los regidores.

Dijo que el Ayuntamiento se colocó por encima de la ley al concederle a Jardín Memorial en una sesión de la Sala Capitular a la que no fue convocado, la explotación de los terrenos con uso de exclusividad, sin identificar la parcela. Manifestó que el presidente de la Sala Capitular, Javier Domingo Santos, no ha querido poner el tema en agenda, como se lo ha pedido.

Entretanto, Yoel Pérez, presidente de la Confraternidad de Jóvenes Cristianos, dijo que se opone a la barbaridad que se comente en el Parque Mirador Norte, con la destrucción de muchos de sus árboles. Demandó de la empresa Jardín Memorial demostrarle a la comunidad de Santo Domingo Norte que los permisos para la obra son legales.