Por MARIEN ARISTY C.
El Foro Social Alternativo advirtió ayer que la única manera en que el gobierno puede detener la huelga convocada para el próximo lunes 9 de julio es cubriendo todas las necesidades de la población y haciendo un aumento general de salarios que incluya a los policías y militares.

Tras reiterar el llamado a paro nacional, el vocero de la organización, Jesús Adón, afirmó que la convocatoria es pacífica y que se trata de una acción cívica que tiene como finalidad expresar el descontento que existe ante la política de hambre implementada por el gobierno del Presidente Leonel Fernández.

“La violencia generalmente la ponen ellos”, dijo Adón refiriéndose a los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dos instituciones a las que acusó de estar creando planes represivos.

Esta afirmación surge como respuesta a lo que dijo ayer el jefe de la Policía Nacional, teniente general Bernardo Santana Páez, quien aseguró que habían elaborado un plan de contingencia para enfrentar el paro. Aunque reconoció que las protestas son un derecho constitucional, Santana Páez señaló que éstas deben hacerse de manera pacífica.

Para Adón, al igual que para los miembros de las 250 organizaciones sociales y populares signatarias del foro, la ciudadanía está frente a un gobierno indolente, abusador e irresponsable que ha abandonado al país a su propia suerte.

“Ya ni siquiera se ocupa del suministro de servicios tan elementales como el de agua potable y energía eléctrica. Junto a esto, se ha desatado una bárbara escalada alcista de los artículos y bienes de consumo masivo, algo que va en detrimento del pueblo”.

Quejándose del alto costo de la vida y de las precariedades que existen en áreas tan fundamentales como la salud y la educación, Adón dijo que como parte del pliego de demandas que tiene el colectivo está la disminución de los precios de la comida y las medicinas.

También una modificación de la ley de hidrocarburos y rebaja de los precios de los combustibles; el respeto al medio ambiente y los espacios públicos; la convocatoria de una constituyente por voto popular, el alto a los desalojos, la creación de un seguro familiar de salud justo, la atención inmediata a las demandas de las comunidades y que se otorguen créditos y tierras para los campesinos, así como se preserve el Instituto Agrario Dominicano.

Estos reclamos, indicó Adón, podrían cubrirse si el gobierno declara una moratoria por dos años del pago de los servicios de deuda externa; desmonta la estructura impositiva actual, que está basada en impuestos indirectos al consumo, y comienza a gravar las ganancias del sector financiero y del gran empresariado.

De la misma manera, manifestó Adón, debe gravar la repatriación de utilidades y artículos de lujo.

Entre las organizaciones que apoyan el paro están el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, el Colectivo de las Organizaciones Populares, el Frente Amplio de Lucha Popular, el Consejo de Unidad Popular, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, la Asociación Dominicana de Profesores, la Unión General de Trabajadores Dominicanos, la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción, Mujeres Transportistas y el Consejo para el Desarrollo de Capotillo.