Reiteran denuncia carretera daña ambiente costero en zona Barahona

Propietarios del hotel ecoturístico Barahona Coralsol Resort dijeron ayer que el presidente Hipólito Mejía ordenó detener la construcción de una carretera que afecta la franja costero-marina en la zona Bahoruco-La Ciénaga, pero que la Oficina Supervisora de Obras continúa la obra, pese a que daña el equilibrio ecológico del lugar.

Miguel Díaz Franjul sostuvo que a pesar de que el presidente Mejía desautorizó la obra hace dos semanas, el ingeniero Enrique Montilla, quien trabaja para la dependencia estatal, persiste en su actitud.

Expresó que enviará una comunicación en el día de hoy al Senado de la República, para que el problema se debata en ese cuerpo legislativo.

Manifestó que el personal ejecutor de la obra expresa que actúa bajo órdenes del senador de la provincia, Sucre Muñoz y del gobernador, Julián Peña.

Afirmó que la carretera se pretende construir en una zona muy sensible desde el punto de vista ecológico, porque es una franja muy pequeña que va desde el pueblo de Bahoruco hacia el hotel, bordeada por el mar y que cualquier presión adicional a la que ya tiene, destruye el entorno y ya han derribado varios árboles.

Expresó que cualquier otra alternativa que sea viable como por ejemplo, un paseo peatonal embellecido con protección de la franja marítima, podría construirse.

Reiteró que si se sigue insistiendo en la construcción de esa obra de manera ilegal, la compañía desplegará todas las acciones necesarias ante las instancias judiciales que tienen la misión de evitar el desorden en la administración pública.

Señaló que el tramo carretero no tiene razón económica ni social, ya que no conduce a ningún lugar y arrabalizaría el área que en estos momentos tiene un amplio potencial turístico.

Díaz Franjul explicó que por las características de ese precario equilibrio del área costera Bahoruco-La Ciénaga, los gobiernos anteriores, tanto del extinto Joaquín Balaguer como de Leonel Fernández, desestimaron intentos de grupos sin escrúpulos y de intereses insensibles, respecto al equilibrio ecológico.

Asimismo, dijo que por razones de seguridad a causa de los embates de huracanes, durante el gobierno del extinto Balaguer, se trasladó por seguridad el pueblo del Copey hacia el área que hoy ocupa la comunidad de FUDECO.

Destacó que la inversión hecha por el complejo turístico es de más de RD$30 millones y que pensaban seguir expandiéndose, pero que con estas acciones de inseguridad no podrían hacerlo, como tampoco otros inversionistas.

“Esto va a repercutir, porque una condición esencial para el inversionista es tener seguridad en su inversión y evitar que una acción pueda destruir las condiciones básicas para que se sienta tranquilo”, explicó Díaz.

Agregó que existen otras modalidades que podrían resultar de menor costo y más atractivas, adecuadas a las características típicas del área, para crear un entorno que permita a esa zona lograr el objetivo de una oferta turística de calidad y equilibrio ambiental que hagan posible los niveles de “Green Globe”, a las que están aspirando otras zonas del país que han sufrido las consecuencias de la arrabalización.